A pocos días de las elecciones generales del 17 de agosto, cinco mujeres candidatas han sido víctimas de acoso y violencia política. Así lo revela un informe del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer.

El reporte expone discursos de odio, amenazas y ataques en redes sociales y medios de comunicación.

Los casos documentados afectan a candidatas de distintas regiones y alianzas políticas. Eva Copa, actual alcaldesa de El Alto y entonces candidata presidencial por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), fue blanco de violencia digital sistemática. Se detectaron publicaciones que cosifican su cuerpo, exponen su vida privada y hasta incitan a hacerle daño. Además, enfrenta burlas que cuestionan su capacidad, usando insultos discriminatorios por su género, edad y origen indígena.

Mujeres

Karla Robledo, excandidata a senadora por la alianza Unidad, también sufrió acoso constante. Las agresiones se centraron en sus vínculos familiares y su preparación. Este hostigamiento la llevó a renunciar a su candidatura. Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no aceptó de forma inmediata su dimisión, Robledo ratificó su decisión y quedó fuera de la contienda.

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En Cochabamba, la candidata Toribia Lero fue víctima de una narrativa racista y sexista. Se utilizaron términos ofensivos contra ella, atentando contra sus derechos políticos y humanos. La Ley 243 y la Ley 045 califican estos actos como delitos.

Otro caso preocupante es el de Mariana Prado, postulante a la vicepresidencia por Alianza Popular. Fue atacada con mensajes misóginos y clasistas. Las publicaciones la ridiculizan con base en estereotipos machistas que intentan desacreditar su imagen y su rol político.

Acoso político

La candidata a senadora Susana Bejarano, también de Alianza Popular, fue víctima de agresiones graves. Recibió insultos morales, comentarios sobre su vida privada y amenazas indirectas que sugieren autolesión. Estas expresiones constituyen una forma severa de violencia psicológica.

Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, alertó que estos hechos buscan desalentar la participación femenina. «Son intentos por excluir a las mujeres del ejercicio pleno de sus derechos políticos», advirtió, citada en una nota de prensa.

Además, exigió que el Ministerio Público y el TSE tomen acciones inmediatas.

La situación se agrava con presiones de organizaciones sociales. La Federación de Campesinos Tupak Katari y la Fencomin exigieron la sustitución de Prado y Bejarano. Dieron un plazo de 72 horas y condicionaron su apoyo político.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos piden que estos hechos no queden impunes. Exigen justicia, garantías y respeto a los derechos políticos de todas las mujeres en carrera electoral.