Reformar la Constitución para cambiar la forma de elección de autoridades judiciales y para ponerle límites al Tribunal Constitucional, además de lograr un pacto fiscal para redistribuir los recursos del Estado, de tal manera que el 50% se quede en el gobierno central y otro 50% se destine a las regiones, fueron dos de las principales propuestas planteadas en el foro sobre institucionalidad democrática que se llevó a cabo este miércoles en La Paz.

Pese a que al menos tres candidatos presidenciales habían comprometido su presencia en este espacio deliberativo organizado por la sociedad civil, ninguno de ellos asistió, aunque enviaron a sus representantes, entre ellos un vicepresidenciable y cuatro candidatos a la Asamblea Legislativa especializados en la temática.  Los candidatos presidenciales que habían confirmado su presencia son Rodrigo Paz (PDC), Pavel Aracena (ADN) y Eduardo del Castillo (MAS).

Los postulantes que sí asistieron fueron Juan del Granado, candidato a diputado uninominal por Alianza Unidad; William Bascopé, candidato a diputado plurinominal por APB-Súmate; Milan Berna, candidato vicepresidencial del MAS; Andrés Huanca, candidato uninominal de Alianza Popular; y Ana Crispín, candidata a senadora por el PDC.

La dinámica política y problemas logísticos afectaron la participación de candidaturas presidenciales en el foro organizado por UNITAS, según explicó su directora, Mila Reynolds, quien dijo que, ante esa situación, se optó por permitir la participación de candidatos al Legislativo.

Reynolds mencionó casos específicos como el de Morena, que bajó su candidatura presidencial, a lo que se sumó la cancelación de vuelos. “Son cosas que hemos tenido que enfrentar como cualquier proceso que es movido”, dijo.

El panel de la sociedad civil estuvo integrado por José María Paz, de la Ruta de la Democracia; Fabián Yaksic, de la Fundación Autonómica; y Claudia Terán, de la red UNITAS.

En el evento también estuvieron presentes las representaciones diplomáticas de Japón, España, Estados Unidos, Suiza, Brasil, Alemania y Francia.

Durante la apertura del evento, Reynolds, dijo que la institución valora profundamente cada palabra pronunciada y cada compromiso sostenido, por lo que agradeció a quienes aceptaron y mantuvieron su compromiso de participación, así como a quienes enviaron a sus representantes.

“Cuando la palabra pierde valor y credibilidad, las consecuencias resuenan profundamente y se debilita el tejido y la cohesión social y la gobernabilidad en el país”, dijo.

Indicó que la crisis de institucionalidad no es un síntoma más. “La concentración de poder, el hiperpresidencialismo y la limitada capacidad de control del Legislativo, la falta de independencia de los órganos del Estado, el debilitamiento de las instituciones y la justicia sometida al interés político han socavado profundamente la confianza de la ciudadanía”, señaló.

Independencia de poderes

El foro arrancó con la pregunta sobre las reformas que implementarán los candidatos para garantizar la independencia de poderes y para cambiar el sistema de preselección de magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.

William Bascopé, de Súmate, propuso reformar parcialmente la Constitución para modificar la forma de elección de magistrados porque la votación popular “fue un grueso error de la Asamblea Constituyente”.

Indicó que esa reforma debe hacerse vía referéndum porque será parcial y no se requerirá una Asamblea Constituyente, aunque él mismo dijo que habrá que ver si hay musculatura para hacerlo.

Ana Crispín, del PDC, dijo que la justicia está parcializada “para el que tiene más plata” y “la corrupción se ha metido en cada rincón”. Propuso una reforma constitucional, aunque el tiempo no le alcanzó para explicar en qué sentido.  Prometió que junto a Rodrigo Paz buscará la meritocracia y “a las personas más idóneas”.

Andrés Huanca, de Alianza Popular, identificó que “en el Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial está el epicentro de la crisis institucional”, por lo que también propuso una reforma constitucional, pero no para cambiar la forma de selección de los magistrados, sino para poner un mecanismo de control al Tribunal Constitucional que, en su criterio, debería ser la propia Asamblea Legislativa.

Sobre la elección de jueces, Huanca dijo que quizá es una buena idea elegirlos por voto popular en los niveles locales, pero a los magistrados por méritos.

Milan Berna, del MAS, declaró que debe prevalecer la independencia y no así la intromisión y propuso “hacer una revolución en la justicia”, aunque no especificó cómo. “Necesitamos un cambio de actores, también en su pensamiento y su actuar”, señaló en referencia a los magistrados

Juan del Granado, de Unidad, propuso también hacer una reforma parcial a la Constitución para crear un consejo nacional de postulaciones que elija magistrados por méritos, por trayectoria profesional y aporte intelectual.

“Eliminemos la atribución legislativa en la selección de postulantes y creemos una comisión nacional de postulaciones, integrada por organizaciones de la sociedad civil”, dijo. Explicó que se mantendría el voto popular, porque para cambiarlo se necesitaría una Asamblea Constituyente.

A nombre de la sociedad civil, José María Paz citó que Bolivia se encuentra en los niveles más bajos en los índices internacionales de institucionalidad, como el WJP que ubica al país en penúltimo lugar en justicia penal, solo mejor que Venezuela.

Autonomías 50/50

Tanto Unidad como PDC propusieron un reparto de recursos igualitario entre gobierno central y gobiernos subnacionales.

El candidato Juan del Granado dijo que se buscará que el 50% de los recursos vayan a gobiernos locales y 50% al gobierno central y, como esa distribución no está garantizada en la Constitución, planteó una reforma de la Carta Magna.

El candidato Bascopé habló de la necesidad de hacer un pacto fiscal para la redistribución de recursos porque, según dijo, no puede haber más competencias sin presupuesto. También habló de hacer una reforma constitucional al respecto.

La postulante Ana Crispín dijo que el nivel central concentra el 80% de los recursos. “Pretendemos cambiar para hacer la redistribución para municipios, gobernaciones, que se invierta en salud y educación 50/50, no podemos concentrar en el central”.

El candidato Andrés Huanca señaló que no hay que perder de vista de que Bolivia atraviesa por una crisis económica, por lo tanto planteó un “pacto fiscal gradual en función a las necesidades del gobierno central”.

Para Milan Berna la clave es cumplir la Ley de autonomías y abogó por la “redistribución equitativa para evitar la monopolización que genera corrupción  y burocracia”

Fabián Yaksic, a nombre de la sociedad civil, dijo que “lo del fifty fifty suena bonito”, pero preguntó cómo lo harían y con qué fuentes de financiamiento. “50/50 de qué, de un IDH que ya no existe, de las regalías que están absolutamente  diluidas o de la coparticipación tributaria”, preguntó. Además pidió propuestas para encarar la debilidad institucional de las entidades autonómicas.

Juan Del Granado apeló a las mancomunidades y a las áreas metropolitanas como respuesta a la debilidad institucional. William Bascopé dijo que la redistribución pasa por un pacto social, mientras que Ana Crispín dijo que el IDH no se toca.

Andrés Huanca insistió en preservar la asignación para el gobierno central para salir de la crisis, mientras que Milan Berna dijo que “la leyes no están escritas en piedra y se tienen que hacer a demanda de la sociedad civil”.

Derechos humanos

A la pregunta sobre cómo garantizarán un entorno seguro, democrático y respetuoso de los derechos humanos, los candidatos hicieron declaraciones en favor de la vigencia de los derechos humanos, pero no faltó el que propuso restaurar la pena de muerte.

Bascopé apostó por las designaciones conforme a ley, para lo que la Asamblea tendría que nombrar contralor, presidente del Banco Central, entre otros.  Ana Crispín dijo que la clave es la educación, mientras que Milan Berna se concentró en el diálogo y el consenso para resolver conflictos, respetando el derecho a la protesta.

Andrés Huanca propuso el regreso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero también la participación activa de la sociedad civil.

Juan del Granado planteó mejorar las condiciones de la Policía, pero también la participación activa de la comunidad.

A nombre de la sociedad civil, Claudia Terán, de la red UNITAS, expresó su preocupación por los datos que muestran que el espacio cívico en Bolivia está obstruido y dijo que solo el 2024 se presentaron 915 vulneraciones a las libertades fundamentales y a la institucionalidad democrática. Citó también la caída del registro de ONGs de 1980 a 206, lo que representa un 90% menos. En ese contexto preguntó cuáles serían sus acciones para detener el hostigamiento a personas defensoras de derechos y a periodistas. Al respecto los candidatos dieron vueltas sobre sus mismas respuestas previas.

Preguntas de la audiencia

El foro recogió preguntas de la audiencia que luego fueron sometidas a la  inteligencia artificial para convertirse en dos. La primera fue sobre la gobernanza democrática y la segunda sobre mecanismos de protección de derechos humanos y promoción de la participación ciudadana.

Parafraseando a Manfred Reyes Villa, Bascopé dio que hay que “poner orden” y purgar el Órgano Judicial.

Andrés Huanca dijo que para lograr gobernabilidad se necesitan consensos políticos y puso como ejemplo la gestión de Andrónico Rodríguez en la Cámara de Senadores, lo que le hizo cosechar algunos silbidos.

Milan Berna prometió “un gobierno del pueblo y para el pueblo”, por lo que también recibió su dosis de silbidos, de tal forma que Priscila Quiroga, la moderadora del foro, tuvo que hacer llamados al orden y el respeto.

Para Juan Del Granado “la participación ciudadana tiene que ser el elemento central de la gobernabilidad”.

¿Sí o no?

En el final, la moderadora planteó preguntas que debían responderse con un sí o un no, además de justificar el por qué.

La primera pregunta fue: ¿En caso de ser electo/a, está usted dispuesto/a a promover e implementar medidas concretas y sostenibles para combatir la corrupción estructural en Bolivia, incluyendo sanción efectiva, reparación del daño y prevención de la impunidad?

Todos dijeron que sí, la mayoría apostó por endurecer sanciones, pero el más duro fue Bascopé, quien habló de sumatoria de penas para la corrupción y cadena perpetua hasta   pena de muerte para casos de violencia con muerte.

Y la última pregunta fue: ¿Usted considera que la plurinacionalidad en Bolivia debe ser fortalecida, hacia una convivencia democrática plural e inclusiva?

Todos dijeron que sí, pero las explicaciones variaron diametralmente unas de otras.

Bascopé dijo que la plurinacionalidad “no era para hacer las barbaridades que ha hecho el MAS”. Señaló que él es aymara, pero antes que nada es boliviano. Crispín dijo que la discriminación ahora es de abajo hacia arriba.

Huanca abogó por mayor representación indígena, además de autonomías indígenas. Berna dijo que se debe poner en práctica el estado plurinacional, mientras que Juan del Granado prefiere hablar de “República Plurinacional de Bolivia”, lo que le   hizo cosechar aplausos de la audiencia.

Con este espacio deliberativo concluye el ciclo promovido por la Plataforma por la Transparencia y Honestidad, que hizo un total de cuatro foros: sobre la crisis económica, la crisis ambiental, la deuda social y la crisis institucional.