El “Foro Político Inclusivo 2025”, desarrollado la mañana de este 28 de julio en La Paz, contó con la participación activa de personas con discapacidad de distintos departamentos del país, quienes deliberaron y escucharon las propuestas de los candidatos a la presidencia y a la Asamblea Legislativa, pero además expusieron su propia propuesta para mejorar sus condiciones de vida. Los postulantes se comprometieron a incrementar el bono mensual, garantizar el acceso efectivo a la salud y transformar la educación hacia un modelo más inclusivo.

Israel Mérida, candidato a diputado por el partido LIBRE (en representación de Jorge «Tuto» Quiroga), planteó una reforma a la Ley 977 para ampliar el bono no solo a las personas con discapacidad grave y muy grave, sino también a sus tutores. Además, propuso una “digitalización amigable” que contemple plataformas accesibles para personas con discapacidad física, visual y auditiva, y la creación de cupos en la Asamblea Legislativa para representantes con discapacidad.

Por su parte, Oscar Rojas, candidato por APB Súmate (en representación de Mamfred Reyes Villa), propuso duplicar o triplicar el bono actual, así como destinar el 15% de las plazas laborales en empresas a personas con discapacidad y sus familiares. También sugirió un fondo nacional de apoyo y convenios con universidades privadas para otorgar becas inclusivas.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo –el único candidato a la presidencia que asistió al evento– anunció la construcción de al menos 200 centros de salud, algunos especializados en atención a personas con discapacidad, además de un plan integral de rehabilitación, inserción educativa y vivienda. Reconoció la urgencia de una ley específica para el trastorno del espectro autista (TEA) y la necesidad de centros de internación para personas con discapacidad mental.

Soledad Chapetón, de Unidad Nacional (en representación de Samuel Doria Medina), propuso modificar la Ley Avelino Siñani para garantizar formación docente obligatoria en inclusión, implementar maestros especializados para atender a niños con autismo, y realizar una encuesta nacional de discapacidad para identificar con precisión las necesidades. También enfatizó en el cumplimiento de la cuota laboral del 4% para personas con discapacidad en instituciones públicas.

Durante el evento, las personas con discapacidad formularon preguntas directas a los candidatos sobre salud mental, acceso a medicamentos, educación inclusiva, justicia y participación política.

Propuesta del sector

Los presidentes de las nueve federaciones departamentales de personas con discapacidad presentaron una propuesta nacional que recoge las principales demandas del sector. Enfatizaron que, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en Bolivia viven alrededor de 1,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, es decir, cerca del 15% de la población. Sin embargo, hasta mayo de 2025, solo 115.504 personas estaban registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único de Personas con Discapacidad, lo que evidencia una importante brecha entre los datos oficiales y la realidad del país.

La propuesta plantea acciones urgentes en seis ejes: salud integral, educación inclusiva, trabajo y emprendimiento, accesibilidad universal, gestión pública con enfoque de derechos, y justicia y protección social. Entre los principales problemas identificados están la falta de diagnósticos tempranos, la escasa capacitación docente en inclusión, la limitada oferta de empleo digno, y las dificultades para acceder a ayudas técnicas y productos de apoyo.

Las federaciones también advirtieron que muchas normativas vigentes, como la Ley 977, carecen de mecanismos efectivos de cumplimiento, lo que perpetúa la exclusión y la discriminación estructural.

El sector denunció además la falta de inversión en programas de rehabilitación, salud mental, y acceso a la educación superior, así como la ausencia de políticas que promuevan verdaderamente la autonomía y participación política de las personas con discapacidad.

Los participantes recordaron también que Bolivia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y que la Constitución reconoce la igualdad y no discriminación; sin embargo, afirmaron que la brecha entre el discurso legal y la realidad sigue siendo profunda. Por ello, exigieron que las propuestas de los candidatos no queden en promesas, y que se garantice el cumplimiento efectivo de sus derechos.

Las organizaciones recalcaron la necesidad de pasar de los compromisos a la acción, asegurando que la inclusión de personas con discapacidad no puede seguir siendo una promesa electoral, sino una responsabilidad del Estado. El foro concluyó con un llamado claro: «Nada sobre nosotros sin nosotros».