Por Coco Cuba

La Paz, 1 dic (ABI).- Bolivia se sumía desde este viernes en el tradicional silencio electoral a 48 horas de seleccionar, en las urnas, a 32 tribunos y magistrados de 96 candidatos en los segundos comicios judiciales de su historia, en un nuevo intento por revertir su mayor atavismo social: una justicia secularmente puerca.

    Al menos 6,4 millones de electores bolivianos han sido convocados a las urnas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en medio de una campaña negativa movida por la oposición conservadora al presidente progresista Evo Morales.

    El plazo de silencio y reflexión de 48 horas previas a la elección corría término en los canales convencionales en virtú a un auto de buen gobierno sin poder detener, empero, una campaña  liderada por los expresidentes Carlos Mesa (2003-05) y Jorge Quiroga (2001-02) y el magnate de la hotelería y la comida rápida Samuel Doria Medina que impele a la ciudadanía el voto nulo como mecanismo de oposición a Morales.

    Se trata de una elección que no tiene carácter plebiscitario. Es decir, que los 32 tribunos y magistrados que sumen más votos que otros a su favor se harán irremisiblemente de los cargos.

    La campaña pro voto nulo que impulsa la oposición tornó más virulenta en las redes sociales, la radio y la TV y más violenta en las calles después que el Tribunal Constitucional Plurinacional dio luz verde a que autoridades electas puedan postularse en las elecciones nacionales de fines de 2019 y subnacionales de mediados de 2020.

    La sola posibilidad de que Morales sea ungido en las urnas, tal como en 2005, 2009 y 2014, a la Presidencia, enervó fuerzas opositoras que, desbocadas, llamaban incluso a "la resistencia" al fallo del alto tribunal.

    La campaña por el voto nulo, que después del 3 de diciembre se convertirá en una anécdota de estadigrafía, pasaba por alto la posibilidad de enmendar los insondables problemas que padece la justicia boliviana hace 190 años.

    Hedionda por la corrupción de sus operadores y marchita por una lentitud metastásica, la justicia boliviana, que entre 1912 y 1926 mandó al patíbulo a un niño de 12 años acusado, nada menos que en un sorteo, de magnicidio, corría el riesgo de perderse una oportunidad para seleccionar a abogados brillantes y otros no tanto que figuran como oportunidades en las dos papeletas que deberán marcar los votantes que hace 5 años eligieron a las autoridades salientes del Poder Judicial con magros porcentajes de sufragio.

    La justicia es tenida por el promedio de los bolivianos como la peor de las instituciones nacionales.

    La justicia subrealista de Bolivia puede ilustrarse con estas cifras: 67,7% de los 15.056 bolivianos encarcelados no han sido sentenciados y algunos de  ellos no han visto ni escuchado a un juez.

    De los 10.212 presos sin sentencia que se apiñan en cárceles construidas hace décadas con capacidad para albergar a lo sumo a un quinto de lo que contienen, 82% tiene instrucción escolar precaria y los más letrados apenas han terminado la secundaria.

    Registros oficiales del Consejo de la Magistratura revelan que el 90,9% de las causas, poco más de un cuarto de millón, han sido condenada, a causa de una pesada burocracia, a la desatención y la injusticia.

    El Poder Judicial boliviano baraja cada año 136.000 causas penales nuevas y sólo 9% encuentra una resolución.

    La lentitud es tal en el sistema judicial boliviano que el 86,6% de las causas penales se halla, hoy mismo, en etapa preparatoria; 12% en etapa de juicio y 1,6 en etapa de ejecución.

    Los expertos dicen que los males de la justicia pasan por procedimientos ineficientes, ritualistas y dilatorios, estimulados por la corrupción, la chicana, la injusticia y la impunidad.

    La carga procesal boliviana orilla las 300.000 causas.

    La papeleta por circunscripción nacional cuenta con 14 candidatos al Tribunal Agroambiental y 10 al Consejo de la Magistratura (CM).

    La papeleta por circunscripción departamental cuenta con 8 candidatos: 4 al Tribunal Supremo de Justicia y otros tantos al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Cc/                ABI