La investigación sobre la compra con supuesto sobreprecio de bandas municipales en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra dio un paso más ayer. Cinco funcionarios del Concejo llegaron hasta la Fiscalía para prestar su declaración informativa ante la Unidad Anticorrupción de la Policía Boliviana, repartición que trabaja con la Fiscalía y que el 29 de agosto de este año requirió que se procese como acusados de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica a la directora administrativa del Concejo, Claudia Paola Durán Gil, y al gerente de Textilander, Ricardo Ignacio Pinto Gutiérrez.

En el documento, al que tuvo acceso EL DEBER, se requirió también que una decena de funcionarios sean citados como testigos, desde el director de Protocolo del Concejo, Freddy Oviedo, hasta los responsables de procesos de contratación, asesores legales y responsables de subir la documentación al Sistema de Contrataciones Estatales. Ayer, cinco personas pasaron por las oficinas de la Unidad Anticorrupción, situadas en el tercer piso de la Fiscalía, a los pies del Cristo. Por la mañana asistieron la responsable del proceso de adjudicación y la encargada de la Secretaría Administrativa de Administración y Finanzas del Concejo. Por la tarde declararon tres personas más, una encargada de los procesos de contratación y personal subalterno del Concejo que se retiraron de la Fiscalía sin hacer declaraciones.

Se enviaron preguntas por tres vías para conocer la versión de Angélica Sosa, presidenta del Concejo, pero no se recibieron sus respuestas hasta el cierre de esta edición. Cuando se le consultó al concejal Jhonny Zeballos (MAS) por qué no se fiscalizó antes este tipo de contratos, él explicó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo municipal ya no envían sus contratos al Concejo para que se aprueben antes de las firmas, sino que son suscritos por ambos órganos y son enviados a la entidad deliberante solo para su conocimiento luego de estar firmados.

Por propia gestión

Según el informe al que tuvo acceso EL DEBER, elaborado por el teniente Jesús Villarroel y dirigido al teniente coronel Óscar Gutiérrez Linares, esta causa comenzó el 17 de agosto, con una denuncia formal mediante informe de los investigadores de la Dirección Especial de Lucha Contra el Crimen dirigido al fiscal de turno, por la comisión de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La denuncia fue remitida al despacho de la fiscal anticorrupción Jackeline Severich García y se inició la investigación de oficio sobre la adquisición de bandas municipales para el Concejo, en las gestiones 2016 y 2017.

En la indagación se establece que todo comenzó el 14 de septiembre de 2016, cuando Freddy Oviedo, jefe del Departamento de Protocolo del Concejo Municipal, solicita la compra a la secretaria de Administración, Paola Durán. Se señala que el precio referencial es de Bs 3.500 y el origen de los fondos es la partida 33.300, destinada en el POA a prendas de vestir.

También señala que Protocolo del Concejo, para definir el precio referencial de las bandas distintivas, utilizó como referencia la propuesta presentada por la empresa Textilander Import/Export SRL. Esta compra se registró en el Programa Anual de Contrataciones el 14 de septiembre de 2016, es decir, el mismo día que se inició el proceso de adquisición, sin que se encuentre previsto y detallado en el POA de ese año.

Anota también que la propuesta de Textilander se presentó al departamento administrativo el 6 de septiembre, es decir, ocho días antes de que se genere la necesidad presupuestaria de la compra de las bandas. La solicitud de compra fue elaborada el mismo 14 de septiembre de 2016 por Paola Durán Gil y dos días más tarde, el 16 de septiembre, se comunicó la adjudicación de la compra a Textilander. El informe de la Policía advierte que no se verificó ni se observó que en el momento de la compra la matrícula de comercio de la empresa adjudicataria no estaba vigente y no se procedió con la anulación del proceso de contratación.

Ese mismo día, Textilander presentó la documentación en fotocopia simple y esta fue remitida por la responsable del proceso de adjudicación al asesor legal para que los verifique. El mismo día, el abogado indicó que la empresa cumplía con todos los documentos (cédula de identidad, poder, licencia de funcionamiento, certificación electrónica de impuestos, certificación del registro de comercio y certificado RUPE). El informe policial ve fallas en este punto.

Según la carpeta de la compra revisada por la Policía, el 20 de septiembre, cuatro días después de la adjudicación, Textilander entregó 44 bandas por Bs 35.000, a un precio unitario de Bs 795, 45. Ahí surge un problema. Esta documentación –revisada en 2018– no coincide con la subida el 22 de julio de 2016 al Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). En los formularios 400 y 500 de ese proceso de contratación se indica que las bandas entregadas fueron 25 y que el precio pagado por cada unidad fue de Bs 1.400.

El informe concluye que Textilander solicitó el pago por su trabajo el 22 de septiembre y que fue hecho efectivo mediante cheque el 18 de octubre. Así, pide citar a Durán y Pinto como acusados y a una decena de funcionarios para establecer “la verdad histórica de los hechos”.

DETALLES

INICIATIVA PROPIA

El Departamento Especial de Lucha Contra el Crimen, Unidad Anticorrupción de la Policía Boliviana, inició la investigación por decisión propia, al enterarse de presuntos hechos de corrupción en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

CASO COMPLEJO

Luego de revisar la documentación colectada desde el Concejo Municipal y compararla con la que funcionarias del Concejo subieron a la web del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), el teniente que investigó el caso llegó a la conclusión de que no coinciden.

DOS SEMANAS

En 14 días, Textilander presentó una propuesta de fabricación de bandas, se generó una necesidad presupuestaria y se entregó el material.

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