Nina fue denunciada por la diputada opositora Luisa Nayar y la representante cochabambina del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Leonilda Galindo, luego de que el 12 de julio declaró que ella y sus bases estaban dispuestas a sacrificar sus vidas y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno, “en vez de contar votos, van a contar muertos”, el 17 agosto, día de las elecciones generales. Esas declaraciones tuvieron consecuencias.

Investigación

“La primera denuncia se realizó el día 15 de julio y pudimos ver como de forma expresa, acelerada, entre el 16 y 17 de este mes, se han realizado 75 actuados (actos de investigación), que son requerimientos, ampliaciones de informes policiales”, informó a EL DEBER, el abogado de Nina, Manuel Mariscal, parte del equipo jurídico de la organización, Evo Pueblo.

El jurista precisó que entre los requerimientos figuran pedidos a medios de comunicación, para que proporcionen copias de las declaraciones de Nina el día del ampliado. Asimismo, se solicitaron informes a las empresas telefónicas sobre el registro de llamadas de la dirigente y el certificado de antecedentes penales, entre otros.

Mariscal señaló que en el cuaderno de investigaciones figuran citaciones para otros dirigentes evistas que estuvieron en el ampliado, pero no dio nombres.

Cambios

La aprehensión de Nina se ejecutó luego de una ola de críticas y denuncias contra las expresiones que se dieron en el ampliado evista, en el que algunos dirigentes promovieron el impedir la llegada de las urnas al Trópico de Cochabamba, o que otros candidatos hagan campaña política en esos municipios. Un ejemplo, lo dio el diputado alteño Renán Cabezas, quien pidió que sus bases declaren la sublevación contra el Gobierno.

Contrario al panorama conflictivo que se gestaba desde el evismo, en los siguientes días el Gobierno ordenó que los efectivos policiales retornen a los municipios del Trópico. Además, ayer el candidato por Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, difundió fotos de su visita al municipio de Villa Tunari, bastión político de Morales.

“Muertos”

Nina y su organización política pretendía habilitar como candidato presidencial al cocalero y expresidente del Estado, Evo Morales, pero antes, en mayo, el TSE resolvió cancelar la personería jurídica de PAN–Bol.

La sanción se dio luego de que el activista Peter Erlwein Beckhauser presentara una denuncia para probar que en los comicios de 2020, esa organización política obtuvo solo el 0,52% de los votos, siendo el requisito obtener al menos el 3%. La cancelación de la personería jurídica de PAN–Bol se ratificó por medio de una acción constitucional, criticada por Nina y Morales.

Pese a los datos, tanto la facción evista como la de PAN–Bol insistieron que su personería jurídica estaba vigente y exigían que Morales sea inscrito de todas formas.

Fue en ese contexto que el 12 de julio, Nina tomó la palabra en el ampliado evista que se realizó en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba y pronunció un encendido discurso.

“Nosotros, principalmente nuestras organizaciones sociales —porque Pan-Bol nace desde Los Yungas—, hemos decidido que el 17 de agosto preferimos dar nuestras vidas antes de permitir que vengan a obligarnos a elegir a sus candidatos de la derecha, y ese día el Tribunal Electoral y el Gobierno, en vez de contar votos, va a contar muertos”, expresó Nina, durante el ampliado del bloque evista.

Mariscal ratificó la versión de Nina, sobre que “algunos medios de comunicación”, tergiversaron sus declaraciones y señaló que su defendida no expreso ninguna intención de evitar la votación el día de las elecciones ni mucho menos una amenaza contra las elecciones de agosto próximo.

“No niega la frase que ha pronunciado, pero indicó que existe un contexto y que en redes sociales y personas afines a grupos políticos cortaron esta frase y le dieron un tinte de amenaza”,  aseveró el abogado.