Un sondeo de opinión realizado por Brújula Digital a través de sus redes sociales revela un fuerte rechazo ciudadano a las medidas impuestas por sectores evistas en el Trópico de Cochabamba, que emitieron una resolución para expulsar a tres candidatos quienes no apoyaron a Evo Morales. La mayoría de los participantes considera que los responsables deben ser procesados.

En Twitter, el 93,1% de los encuestados opinó que los dirigentes evistas que impulsaron la expulsión deben enfrentar procesos legales, mientras que solo un 6,9% se mostró en contra. En Facebook, el 97,2% también se pronunció a favor del procesamiento, frente a un 2,8% que se opuso.

El conflicto se originó luego de que dirigentes afines a Evo Morales desconocieran públicamente a los precandidatos Eliana Condori, Vladimir Sánchez y Wilfredo Pérez Montaño, a quienes acusan de no haber sido elegidos por consenso y de desobedecer los principios ideológicos del liderazgo evista. La resolución emitida ordena que los tres "vendan sus tierras y abandonen la región", por no alinearse con el “instrumento político Evo Pueblo”.

“Desconocemos a los supuestos candidatos que no fueron elegidos ni consensuados por sus sindicatos ni por la central. Por haber incumplido los principios ideológicos de nuestra organización, deben vender sus chacos de manera inmediata dentro de nuestra central”, señala el documento difundido en medios y redes sociales.

Además, la resolución prohíbe explícitamente la realización de campañas políticas en la zona que no estén autorizadas por el ala evista del MAS. “Quedan prohibidas las campañas para otros partidos políticos dentro de nuestra central que no sean consensuadas con el instrumento político Evo Pueblo”, indica el texto leído por dirigentes del sector.

Los tres candidatos afectados intentaban postularse por agrupaciones distintas al evismo, lo que generó tensión en la región, especialmente después de que Evo Morales fuera inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional para las elecciones de 2025. La medida ha sido calificada por diversos sectores como un acto de intolerancia política y vulneración de derechos.