Realizado en la ciudad de El Alto, el encuentro reunió a Pavel Aracena (Alianza Libertad y Progreso ADN), Mariana Prado (Alianza Popular), Vincent Gómez-García (Súmate) y Gary Hinojosa (Alianza La Fuerza del Pueblo UCS), quienes abordaron temas cruciales para las próximas elecciones generales de 2025.

Las reformas al sistema tributario, incentivos para la formalización empresarial, acceso a financiamiento y capacitación para las pequeñas y medianas empresas; la eliminación o cambios escalonados en el subsidio a los combustibles, y la flexibilización de las leyes laborales, fueron las principales propuestas. La discusión también incluyó el contrabando y la informalidad, así como el financiamiento de los planes de recuperación económica.

Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB, inauguró la jornada señalando que la economía nacional "enfrenta una crisis profunda que afecta a todos los sectores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores, a los productores, a los trabajadores formales y a toda la ciudadanía. Pero también es cierto que en los momentos más difíciles surgen las mayores oportunidades para el cambio, para el entendimiento y para la construcción colectiva de soluciones”. 

Ortuño enfatizó que este ciclo de debates es "una plataforma para el diálogo plural, la escucha mutua y el compromiso con el país. Aquí no venimos a ganar, sino a construir. No venimos a imponer, sino a proponer”. Y añadió: “Estamos convencidos que el debate de ideas no debilita la democracia, sino que la fortalece; y porque confiamos en que es posible disentir sin destruir, proponer sin imponer, y construir sin excluir”.

Propuestas clave

Hubo coincidencias en la necesidad de revisar el subsidio a los combustibles. Aracena e Hinojosa propusieron eliminarlo de manera gradual. Gómez-García afirmó que, en un eventual gobierno de APB Súmate, "el litro de gasolina o diésel se venderá a cinco bolivianos". Prado, de Alianza Popular, precisó que la reducción debe ser focalizada, "eliminando el subsidio para vehículos particulares y de alta gama; mientras que se evaluará la situación de los sectores productivos de mayor consumo, como la minería y el agro".

En cuanto a la política tributaria, Pavel Aracena insistió en reducir el rol del Estado y en impulsar una política tributaria más simple, que reduzca la discrecionalidad y elimine el acoso fiscal, aseverando que no habrá “más política en los impuestos”. 

Los representantes de APB Súmate y La Fuerza del Pueblo plantearon la necesidad de revisar la norma tributaria, enfatizando en la necesidad de impulsar la formalidad. Vincent Gómez-García aseveró que el plan de APB Súmate contempla "revertir el escenario actual y lograr un 85% de formalidad en la actividad económica hasta el 2030”.

Todos los participantes destacaron el rol de las PYMES para la reactivación económica, la necesidad de generar incentivos tributarios y buscar mecanismos intermedios para la transición del régimen simplificado al general. 

La Fuerza del Pueblo propuso la creación de parques industriales, mientras que APB Súmate expresó que las PYMES serán esenciales para "cumplir la propuesta de generar un millón de empleos". Mariana Prado aseguró que “las Pymes son el corazón de la economía popular y el pilar clave del modelo económico que estamos proponiendo”, lo que implica revolucionar el acceso a crédito.

Trabajo y Contrabando

Respecto a la política laboral, Hinojosa fue enfático al señalar que “no se puede mantener el proteccionismo que genera ineficiencia” y agregó que “los derechos y obligaciones de contratantes y trabajadores deben ser equilibrados”. 

Aracena planteó la necesidad de lograr “un equilibrio entre la protección del trabajador y la eficiencia del mercado”. Prado defendió el rol del Estado y expresó que se buscará equilibrio entre empresarios y trabajadores, asegurando que “no tememos el dialogo tripartito para analizar diferentes materias”. 

Gómez-García expresó que se debe revisar toda la normativa laboral, ya que "no es suficiente crear empleo, sino que debe ser digno y debe ir de la mano de un sistema de seguridad social universal".

Finalmente, sobre el contrabando, hubo coincidencia en la necesidad de mejorar y digitalizar los sistemas de control, además de impulsar la competitividad de la producción nacional.