De acuerdo a un resumen informativo elaborado por esa institución, los representantes de estas fuerzas también propusieron reformas al sistema tributario, acceso a financiamiento y capacitación para las pequeñas y medianas empresas, eliminación o cambios escalonados en el subsidio a los combustibles, y una flexibilización de las leyes laborales. De igual forma, hubo consenso en que la recuperación económica requiere la participación activa del sector privado.

El debate, que forma parte del ciclo “Compromiso por Bolivia” y que fue organizado junto a la Cámara Nacional de Comercio, permitió a los asistentes conocer y contrastar las propuestas electorales, con la única ausencia de los representantes de Morena, la agrupación que postula a Eva Copa a la presidencia.

En una primera parte del evento estuvieron Pavel Aracena, candidato a la presidencia por Alianza Libertad y Progreso ADN; Mariana Prado, candidata a vicepresidente por Alianza Popular; Vincent Gómez-García, ex ministro y responsable del área económica de SUMATE; y por Gary Hinojosa Alianza de La Fuerza del Pueblo UCS.

En la segunda se pudieron conocer las propuestas de José Gabriel Espinoza, jefe del equipo económico de Alianza Unidad; Martín Moreira, jefe del equipo económico del Movimiento al Socialismo (MAS); Ana María Crispín, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC); y Ramiro Cavero, jefe del equipo económico de Alianza Libre.

“En un momento de profunda incertidumbre económica, política y social, reunir en un mismo espacio a la mayoría de las fuerzas políticas que participarán en las elecciones del próximo mes de agosto, y hacerlo para hablar de economía, de producción, de empleo y de futuro, no solo demuestra madurez democrática. Demuestra también que Bolivia tiene liderazgos que entienden que no podemos seguir posponiendo los grandes acuerdos que el país necesita”, destacó el presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño.

“Necesitamos ideas nuevas, políticas públicas sensatas y una colaboración efectiva entre todos los sectores. No se trata solo de escuchar discursos: se trata de construir una agenda común para la recuperación. De comprender que el rol del sector empresarial no es marginal, sino central en la salida de la crisis. De reconocer que, sin reglas claras, sin incentivos, sin diálogo y sin democracia, no hay desarrollo posible”, agregó.

Las propuestas

Ya durante el debate, hubo coincidencias en la necesidad de revisar el subsidio a los combustibles. Aracena e Hinojosa coincidieron en la necesidad de eliminarlos de manera gradual. Gómez-García reiteró que, en un eventual gobierno de APB Súmate, el litro de gasolina o diésel se venderá a cinco bolivianos. En el caso de Alianza Popular, Prado precisó que la reducción debe ser focalizada, evaluando el impacto en la población en general, eliminando el subsidio para vehículos particulares y de alta gama; mientras que se evaluará la situación de los sectores productivos de mayor consumo, como la minería y el agro.

Espinoza fue enfático al señalar que el país enfrenta una crisis no solo económica, sino también institucional, energética y ambiental. “La crisis energética no es un problema de diésel y gasolina, sino un problema de energía. Estamos a un paso de quedarnos sin energía, y sin energía un país no puede existir”, advirtió.

Por su parte, Moreira reiteró la apuesta del MAS por la minería, como un generador de divisas que ayuden a mitigar la crisis generada por el subsidio a los combustibles. Expresó que, para atraer inversiones, se podrían aplicar modelos de contrato similares a los que se aplican en el sector hidrocarburos. Cavero indicó que la prioridad de su eventual gobierno será atraer inversiones, pero “nadie invierte en un país en crisis” y para ello es urgente garantizar la provisión de combustibles para los primeros meses.

Los tributos

El candidato a presidente por ADN, Pavel Aracena, insistió en reducir el rol de Estado y enfatizó en la necesidad de impulsar una política tributaria más simple, que reduzca la discrecionalidad y elimine el acoso fiscal, aseveró que no habrá “más política en los impuestos”. Los representantes de APB Súmate y La Fuerza del Pueblo, coincidieron en revisar la norma tributaria, enfatizando en la necesidad de impulsar la formalidad. Incluso, Vincent Gómez-García precisó que el plan de APB Súmate contempla revertir el escenario actual y lograr un 85% de formalidad en la actividad económica hasta el 2030.

Cavero dijo que es urgente “eliminar el doble impuesto para los inversionistas extranjeros” y que el Servicio de Impuestos Nacionales vuelva a ser independiente, además de proponer la disminución de varios impuestos como el IVA y el IUE, además de crear impuestos regionales para darles ingresos propios y directos a las regiones.

Espinoza propuso una simplificación radical del sistema impositivo, la digitalización y recuperación de la confianza del Gobierno en el ciudadano, para evitar los mecanismos de coerción y eliminar la discrecionalidad. Moreira precisó que con los impuestos se paga salud, educación y otras áreas, pero también dijo que “es vital hacer una reingeniería, proponiendo alivios fiscales para los emprendedores y coincidió en revisar algunos tributos para atraer la inversión extranjera.

Crispín fue enfática al señalar que “el sistema tributario en vez de ayudarte, te quita” y propuso un perdonazo tributario para las PYMES, porque “no se puede seguir estrangulando al que genera empleo”.

Las PYMES protagonistas

Todos los asistentes pusieron énfasis en el rol de las PYMES para la reactivación económica, coincidiendo en la necesidad de generar incentivos tributarios y buscar mecanismos intermedios para su transición del régimen simplificado al general, además de frenar el contrabando. La Fuerza del Pueblo propuso la creación de parques industriales en diferentes regiones, mientras que el representante de APB Súmate expresó que las PYMES serán esenciales para cumplir la propuesta de generar un millón de empleos.

Por su parte, Mariana Prado, de Alianza Popular, aseguró que “las Pymes son el corazón de la economía popular y el pilar clave del modelo económico que estamos proponiendo”, lo que implica revolucionar el acceso a crédito. Moreira coincidió con que “son el corazón de la economía” y propuso apoyo en el acceso a créditos, desburocratizar los trámites y un alivio fiscal, además de proponer la creación de un fondo de 100 millones de bolivianos.

“En El Alto no tenemos minería ni recursos fuertes, tenemos mano de obra. Eso nos ha ayudado a crecer y han nacido las Mypes, que generan empleo, un aporte primordial para la economía de El Alto y de Bolivia”, dijo Ana María Crispín, del PDC.

Espinoza señaló que el apoyo a las PYMES pasa por una simplificación regulatoria radical, la lucha contra el contrabando que genera una competencia desleal, y mecanismos que impulsen su formalización. Cavero amticipó que apoyarán a este sector a través de un Hospital de Empresas y de Emprendimiento, además de refinanciar créditos y postergar el pago de impuestos, pues la prioridad es salvar empleos.

Trabajo y contrabando

Otro de los temas de debate fue la posición de las diferentes fuerzas políticas en materia laboral. Hubo coincidencia en que se requieren cambios y actualizaciones, que incorporen nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo y el parcial. Hinojosa consideró que “no se puede mantener el proteccionismo que genera ineficiencia” y agregó que “los derechos y obligaciones de contratantes y trabajadores deben ser equilibrados”. Aracena planteó la necesidad de lograr “un equilibrio entre la protección del trabajador y la eficiencia del mercado”.

Por su parte, Prado defendió el rol del Estado y expresó que se buscará equilibrio entre empresarios y trabajadores, pero no se abandonará el rol central del Ministerio de Trabajo. Aseguro que “no tememos el dialogo tripartito para analizar diferentes materias”.

Gómez-García expresó que se debe revisar toda la normativa laboral, ya que no es suficiente crear empleo, sino que debe ser digno y debe ir de la mano de un sistema de seguridad social universal. Para Moreira, los cambios se deben hacer de manera participativa para lograr equilibrios y que “no sea una carga para los inversionistas y generadores de empleo”.

Crispín demandó la generación de oportunidades para jóvenes y mujeres, mientras que Cavero exigió cambios en el sector público para que se aplique la meritocracia. Según Espinoza, la modernización de la ley laboral no solo debe considerar la creación de empleo y la estabilidad, sino la relación entre el sector privado y los trabajadores, pues “necesitamos proteger el desarrollo del aparato productivo”.

Con relación al contrabando, hubo coincidencia en la necesidad de mejorar y digitalizar los sistemas de control, además de impulsar la competitividad de la producción nacional.