“Ni todo el dinero del mundo alcanza para comprar la dignidad de un pueblo, ni para poder ir insultando candidatos por donde pasas, tienes que entender que la patria no está en venta. 🐀 🤡 ¡Viva Bolivia ! 🇧🇴”, escribió Reyes Villa, acompañando su texto con emoticonos de una rata y un payaso.

La respuesta de Marcelo Claure llegó a través de la misma plataforma. “Increíble este pobre tipo que no vale nada. No se ha cansado de pedirme plata para su campaña. Me alegro que no llegue ni al 10% y poco a poco los Cochabambinos se darán cuenta de lo que es. Buen día a todos”, replicó el empresario.

Este enfrentamiento se produce en el marco de la denuncia que Reyes Villa presentó formalmente el martes ante la Embajada de Estados Unidos en La Paz. El candidato solicitó que se investigue a Claure, quien también posee ciudadanía estadounidense, por presuntos delitos de intento de soborno, conspiración, fraude e injerencia en las elecciones bolivianas.

La acusación se materializó con la entrega de una carta a la encargada de negocios de la Embajada, Debra Hevia. En el documento, Reyes Villa sostiene que Claure lo contactó por teléfono el pasado 17 de julio de 2025 para proponerle un pacto: retirar su candidatura presidencial en favor de Samuel Doria Medina a cambio de ser nombrado embajador de Bolivia en Estados Unidos y de una futura sociedad en negocios vinculados al litio.

“Las conductas del Sr. Claure pueden constituir una conspiración para interferir e influenciar en un proceso electoral extranjero, valiéndose de medios económicos y políticos ilícitos”, indica un fragmento de la misiva, según publicó la red Erbol. La denuncia argumenta que la ley estadounidense prohíbe a sus ciudadanos negociar con actores políticos extranjeros sin autorización y califica el ofrecimiento del cargo diplomático como una “usurpación de funciones”.

Por ello, la petición insta a las autoridades de EEUU a investigar si Claure incurrió en “soborno transnacional, injerencia política indebida o uso ilícito de recursos” y a derivar el caso al Departamento de Justicia y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).