Durante el último debate presidencial organizado por una red televisiva, los tres candidatos participantes coincidieron en la necesidad de construir una agenda de trabajo para enfrentar la crisis en la institucionalidad democrática que vive el país, cuyo desmantelamiento, en los 20 años del régimen que se va, ha impactado gravemente en la falta de independencia de poderes y la garantía de los derechos ciudadanos.

Entre las principales propuestas presentadas en el debate, Samuel Doria Medina apuntó a la necesidad de enfrentar la libertad para los presos políticos. Jorge Tuto Quiroga propuso la creación de una comisión nacional para la verdad frente a la impunidad de la corrupción rampante en este régimen. Manfred Reyes Villa subrayó la necesidad de una reforma constitucional para sustituir la elección judicial por una comisión nacional de selección de postulantes, con base a la transparencia y mérito.

Las tres propuestas pueden constituir la base para la construcción de un gran acuerdo nacional para la reconstrucción institucional, la rendición de cuentas y la reparación de las graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción pendientes. Hoy, la estrategia de recuperación de la institucionalidad democrática, enfrenta múltiples desafíos. El próximo deberá ser un gobierno de restitución de las libertades públicas y los valores democráticos. Su reto inmediato será el cómo hacerlo.

La experiencia internacional muestra que para que este proceso no sea basado en la revancha o la discrecionalidad del poder, las sociedades que salen de un pasado de conflicto, autoritarismo y corrupción, desarrollan diversas herramientas de justicia transicional, ya que las que deja el viejo régimen están tan contaminadas y agotas que no son capaces de asegurar el retorno a la normalidad democrática.

En este tipo de situación excepcional, en la que los pesos y contrapesos que garantizan el Estado de Derecho fallan o dejan de ser eficaces, se justifica un proceso de saneamiento y reconstrucción institucional. Uno de los mecanismos que se han adoptado para averiguar la verdad de lo que ocurrió y para establecer lecciones para que no se vuelva a repetir es el establecimiento de comisiones de la verdad.

Las llamadas comisiones de la verdad, que tradicionalmente se han enfocado en esclarecer las circunstancias en que se cometieron las violaciones a derechos civiles, debido a la complejidad de las transiciones, hoy cada vez hay más. Existen experiencias de comisiones de la verdad que abordan también la corrupción y otros delitos económicos. Por ejemplo, la Comisión de la verdad y la dignidad de Túnez, creada para investigar los crímenes de corrupción de la dictadura de Ben Ali, logró conectar las estructuras de corrupción con la represión política que marginaron a las regiones más pobres del país, donde comenzaron las protestas de la Primavera Árabe.

Otra de las columnas de la justicia transicional es la que implica que los perpetradores de las violaciones de derechos humanos, ocurridas en un periodo determinado, rindan cuentas por los delitos cometidos. ¿Qué mecanismos serán necesarios para calificar a los perseguidos y presos políticos? Una amnistía o indulto generalizo podría significar, a su vez, una nueva brecha de impunidad. Para estos casos se han desarrollado mecanismos específicos de revisión de casos e incluso de sentencias injustamente dictadas, los cuales ayudan a identificar caso por caso las situaciones en las que se vulneraron las garantías del debido proceso y se cometieron abusos de poder, detenciones arbitrarias y persecución política.

Finalmente, el tercer eje de esta agenda debe estar orientado a promover una reforma política e institucional democrática. Se necesita una reflexión profunda e informada sobre las reformas que necesitan las instituciones de justicia, así como los estándares que deben guiar esas reformas.

 Enfrentar las condiciones de impunidad por la violación de derechos humanos, así como las estructuras de gran corrupción enquistadas en el aparato estatal, serán parte de los desafíos más importantes que deberá enfrentar un sistema de justicia renovado e independiente.

Para eso será necesario diseñar una hoja de ruta que comprenda como medida urgente, la modificación de los procesos constitucionales de designación de las altas autoridades del sistema de justicia y del Ministerio Público. 

Para abordar esta encrucijada, desde una perspectiva democrática que fortalezca la independencia judicial, es preciso promover cambios estructurales. La profundidad de los cambios que se necesitan en escenarios de transiciones postconflicto debe garantizar un escrupuloso cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos reconocidos, en especial aquellos que protegen las diversas dimensiones de la independencia judicial. 

El proceso de reconstrucción institucional en Bolivia será una empresa de largo aliento, pero es fundamental tomar en cuenta la experiencia comparada y las lecciones que ésta ha dejado y que establecen un marco de referencia para estos procesos. Lo contrario solo pondrá en riesgo los logros alcanzados, haciendo más difícil ese camino, perpetuando el legado autoritario de estos años.