El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó su compromiso con la defensa del proceso electoral en el país, tras que la Sala Constitucional Primera de Beni rechazara dos recursos que pretendían paralizar las elecciones nacionales previstas para el 17 de agosto. La decisión se suma a una línea asumida por el Órgano Electoral que refuerza la continuidad del calendario electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Así afirmó la mañana de este martes el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, quien informó que, tanto la acción popular, presentada por una ciudadana, así como la acción de amparo constitucional, interpuesta por un diputado nacional, fueron desestimadas por ese tribunal de Beni. De esa manera, se precautela el proceso electoral que tendrá su corolario el día en que los más de 7 millones de votantes acudan a las urnas en todo el país.

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“Son dos acciones que se presentaron en el departamento del Beni, una acción popular y una acción de amparo constitucional; el día lunes se realizó la acción popular y es de conocimiento público que ha sido rechazada, así que sigue adelante el proceso electoral, lo propio con la acción de amparo constitucional que ha sido rechazada. Ambas (fueron rechazadas), una interpuesta por una señora y la otra por un diputado nacional”, subrayó.

El presidente de la Sala Constitucional Primera de Beni, Charles Mejía. Fotro: ABI

El fallo de la Sala Constitucional de Beni, emitido este lunes 21, fue interpretado por diferentes sectores y los propios vocales del TSE como un respaldo clave al cronograma establecido por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), en un contexto en el que algunos sectores sociales y políticos han expresado su intención de impugnar el proceso por supuestas vulneraciones al derecho a la participación y por críticas a la preselección de candidatos.

“El compromiso del Tribunal Constitucional ha sido claro, vamos a respetar las decisiones y las etapas del Tribunal Supremo Electoral y en base a eso nosotros lo estamos haciendo. No se está vulnerando ningún derecho constitucional a los efectos de paralizar, más bien, al contrario, estamos garantizando de que todas las etapas contempladas por el TSE se realicen con normalidad y tengamos elecciones completamente seguras el 17 de agosto”, aseveró el presidente del TCP.

Durante las últimas semanas, diferentes salas constitucionales del país recibieron recursos que buscan frenar o condicionar el proceso electoral, en medio de cuestionamientos sobre la habilitación de algunos de los candidatos presidenciales y la supuesta falta de apego a las normas en las que se enmarcan los comicios. Pese a ello, las altas cortes han mantenido la palabra comprometida en la última cumbre interinstitucional y multipartidaria convocada por el TSE sobre el blindaje de las justas presidenciales.

Tres de los candidatos corrían el riesgo de ser inhabilitados. Foto: El Día

Consultado sobre si aún existen recursos pendientes de resolución, la autoridad indicó que sí, aunque evitó dar una cifra precisa. “No tengo ahorita el número”, dijo, pero destacó que “hay un acuerdo de Sala Plena que se decidió de que todos los temas que tengan que ver con las elecciones generales se van a priorizar”, afirmó. De esa manera, ratificó que los recursos pendientes serán tratados de manera pronta y oportuna para evitar la paralización de los comicios.

Tras haber denegado la acción popular que buscaba inhabilitar a tres candidatos presidenciales, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que apruebe la ley de preclusión que está pendiente en la Cámara Alta desde hace más dos meses. La norma es parte del paquete de leyes remitido por el TSE, con el objetivo de blindar los comicios nacionales frente a posibles riesgos externos que pongan en vilo el proceso electoral

De acuerdo con los argumentos técnicos del proyecto de Ley, la preclusión garantiza que los procesos electorales no se alarguen indefinidamente y que los resultados sean definitivos, este principio impide la revisión de decisiones ya tomadas en una etapa anterior al proceso, aunque se puedan interponer recursos dentro de plazos establecidos; es decir, garantiza la seguridad de los resultados electorales y evita la incertidumbre.