Cuando José María Leyes ingresó a la Alcaldía en mayo de 2015 juró que tenía un patrimonio de 1.372.114 bolivianos. En 2016, informó a la Contraloría General del Estado que la suma alcanzó a 1.127.000, y en julio de 2017, bajó a 1.007.954. Este año no prestó declaración jurada de bienes, pero el lunes la autoridad señaló que su patrimonio rebajó a 700 mil bolivianos.

En su calidad de trabajador público y conforme a ley, debe actualizar sus declaraciones cada año, en la fecha de sus cumpleaños. Leyes festejó el 31 de julio, pero no se ocupó de la Contraloría.

Leyes es Alcalde de Cochabamba y fue suspendido en sus funciones por una presunta comisión de delitos en la compra de mochilas escolares, Además, es investigado por ganancias ilícitas en compras de cámaras de seguridad.

En una entrevista en el programa de televisión No Mentirás, dijo: “De repente, económicamente me iba mejor antes de entrar a la Alcaldía. Son mis primeros tres años como político. Recién ingresé a la carrera política”.

Agregó que vendió su casa para pagar deudas y que vive en casa de su esposa. “Vendimos en diciembre de 2015 y no he podido construir ni comprar ningún otro bien”.

El Alcalde aprovechó la entrevista para asegurar que los procesos y denuncias en su contra tienen tinte político y que el Movimiento Al Socialismo (MAS) “no le perdona” que le haya ganado en Cochabamba, su bastión.

Evitó referirse al caso Mochilas, por el que cumple detención domiciliaria desde abril de este año. No comunicarse con la prensa para hablar sobre este tema es una de las restricciones que se le aplicó en las medidas sustitutivas a la detención. Leyes es acusado de cometer varios delitos en la compra de bolsos escolares para el municipio de Cochabamba. Es acusado de sobreprecio de más de 10 millones de bolivianos.

DECLARACIÓN JURADA En el programa de televisión, el alcalde Leyes dijo que en 2015 ingresó con un patrimonio de 1.200.000 bolivianos, “tomando en cuenta la casa que tenía”, y que todo está en la declaración jurada de bienes ante la Contraloría General del Estado. Agregó que pidió que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) le inicie una auditoría a sus cuentas y las de su familia. 

Sin embargo, el último extracto de la declaración jurada de Leyes, presentada el 31 de julio de 2017, expone un patrimonio neto de 1.007.954 bolivianos y deudas de 69.600.

En junio de 2015, el Alcalde de Cochabamba declaró ante la Contraloría que cuenta con un patrimonio neto de 1.372.114 bolivianos. Sus bienes correspondieron a 1.582.114 bolivianos y su deuda de 210 mil. El total de sus rentas era de 175 mil bolivianos, lo que significa un ingreso promedio de 14.583 al mes.

En julio de 2016, Leyes registró un patrimonio menor que en 2015, alrededor de 1.127.000 bolivianos. La autoridad no registra ninguna deuda. Para esto, informó, tuvo que deshacerse de su casa.

Dijo que su patrimonio radica en la casa de su esposa, dos autos y algo de ahorros.

Sobre sus rentas, reportó 227.996 bolivianos, es decir el salario es más de 17.700 bolivianos mensual.



ACUSACIÓN El martes 11 de septiembre, este diario publicó la investigación, en etapa preliminar en la Fiscalía, por lavado de dinero a 23 personas, entre ellas cinco de la familia del Alcalde. 

Hace días, el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Rodríguez acusó a Leyes de legitimación de ganancias ilícitas.

“Se han determinado nuevos delitos contra Leyes, esta vez tienen que ver con ganancias ilícitas blanqueo, lavado de dinero (...). Será por eso que se lo involucró como el autor intelectual y material de todos los delitos”.

De acuerdo con un informe de la UIF, concluido en días pasados y enviado a la Fiscalía, los mismos indicios apuntan también a tres hermanas del Alcalde, un cuñado y una de sus sobrinas, además de la empresa MSPC SRL, la empresa MANE COMP, el importador Juan de Dios Morales, la importadora María René Ramírez y los exsecretarios municipales José Miguel Padilla y Diego Moreno. 

141 Días de detención

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, fue detenido el 21 de abril de este año. Cumplió más de 140 días de permanecer en su domicilio, tiene arraigo y no puede acercarse a la Alcaldía ni mantener contacto con funcionarios.

Otra vez niegan libertad del Alcalde 

“ ¡Fuerza Alcalde!, ¡Fuerza José María!”, exclamaron algunos comerciantes, mientras el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, abandonaba el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ). En la puerta, esperaba el dirigente del mercado La Pampa Ronald Durán, acompañado de unas tres vendedoras. Una se acercó y lo besó en la mejilla.

El juez del juzgado de Sentencia Penal No. 2 de la capital, Luis Fernando Barrios negó la acción de libertad presentada por José María Leyes. “El juez escuchó los argumentos de ambas partes (Ministerio Público y defensa del Alcalde). En un razonamiento correcto determinó no conceder la tutela jurídica solicitada por José María Leyes. La detención domiciliaria se mantiene porque el pedido no tenía un asidero coherente”, indicó el fiscal departamental, Óscar Vera. Al respecto, José Ramiro Vega, abogado del Alcalde, señaló que el fiscal ejerció “presión” en la decisión del juez y consideró que se vulneran los derechos de Leyes al mantenerlo con detención domiciliaria e impedirle el trabajo.

Humberto Trigo, otro abogado, respaldó la solicitud de acuerdo al artículo 240 (Medidas sustitutivas a la detención preventiva) del Código de Procedimiento Penal. “Establece que quien tiene detención domiciliaria tiene el derecho al trabajo. Ese fallo no está acorde a los derechos constitucionales y humanos”.

Vega acotó que se presentará un amparo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre y que en unos tres meses se definiría la situación de la autoridad suspendida.

La audiencia de acción de libertad duró casi cuatro horas y fue interpuesta por José María Leyes contra la jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia las Mujeres, Sara Susana Céspedes; la vocal de la Sala Penal Segunda, María Anawella Torres y el vocal de la Sala Penal Tercera, Nelson César Antezana, por negarse a modificar las cautelares.