Medio: VISION 360
Fecha de la publicación: viernes 18 de julio de 2025
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Tribunal Constitucional Plurinacional
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Su postura se emite después de que se conociera que hay un recurso interpuesto en un tribunal del departamento de Beni, que según la denuncia de una legisladora pondría en riesgo los comicios de agosto.
“Independientemente de la decisión en la acción de los actores políticos e independiente de la decisión y la acción de autoridades administrativas y de autoridades judiciales, el TCP en el marco de su función interpretativa, en el marco de ser el máximo intérprete de la CPE y en el ejercicio de su atribución de revisión de los actos y de las decisiones de actores políticos y de autoridades administrativas y políticas, no se va a prestar a modificar el calendario electoral, no se va a prestar a modificar o a alterar el proceso electoral”, sostuvo Espada, en un contacto con la prensa, desde Pando.
En ese contexto, el magistrado del TCP exhortó a las salas constitucionales y jueces de garantías a que en los casos y resoluciones relacionadas con las elecciones de agosto tomen en cuenta el principio de preclusión.
“Nosotros, nuevamente, exhortamos a todas las salas constitucionales, exhortamos a los jueces de garantías, a que en el conocimiento y resolución de los casos vinculados al proceso electoral observen los principios que rigen la actividad electoral como el principio de preclusión”, indicó.
El tribuno, además, expresó su preocupación por la serie de denuncias y amenazas que hay en contra de los magistrados del TCP, de los vocales electorales y de autoridades de otros tribunales de justicia.
“Hemos expresado nuestra preocupación por la serie de denuncias, de acosos, de amenazas y de presiones que recaen sobre los magistrados del Tribunal Constitucional, sobre los vocales del Tribunal Supremo Electoral y sobre autoridades de otros tribunales de justicia”, lamentó.
Espada también convocó a los actores políticos, a las autoridades administrativas y políticas, a las autoridades judiciales “a garantizar para que el pueblo, en un clima de paz y tranquilidad, acuda a las urnas el 17 de agosto de este año y elija a sus nuevas autoridades”.



