La declaración surge en un contexto de creciente tensión, marcado por denuncias de presiones, amenazas y acoso dirigidas a magistrados del TCP, vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otras autoridades del sistema judicial. Espada expresó su preocupación por este panorama, pero subrayó que el proceso democrático se preservará por encima de cualquier intento de manipulación.

“Queremos ser enfáticos: el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, no cederá ante decisiones políticas o administrativas que pretendan desviar el curso del proceso electoral”, enfatizó el magistrado.

Uno de los factores que ha generado susceptibilidad en la opinión pública son las constantes acciones legales que buscan inhabilitar candidaturas, especialmente desde sectores del ala “evista”, que incluso acusaron al propio Espada de haber recibido sobornos para inhabilitar al expresidente Evo Morales. El magistrado no se refirió directamente a esta denuncia, pero reiteró que las decisiones del TCP se rigen por la Constitución y no por presiones externas.

Finalmente, Espada exhortó a los jueces de garantías y a las salas constitucionales del país a respetar el principio de preclusión y actuar con responsabilidad institucional. “Es fundamental que las resoluciones judiciales tomen en cuenta que estamos en medio de un proceso electoral que debe cumplirse”, concluyó.