-Usted plantea que los bonos verdes y de carbono pueden ayudar a salir de la crisis. ¿Cómo funciona eso? 
 

Un bono verde es una herramienta financiera que permite conseguir dinero para proyectos sostenibles: plantas solares, transporte limpio, reforestación. Un bono de carbono, en cambio, certifica que un proyecto evitó o capturó una tonelada de CO₂ (dióxido de carbono). Esa tonelada se vuelve un valor, una ficha financiera. Ambos bonos generan ingresos sin recurrir a préstamos tradicionales ni a más extractivismo.
 

-¿Cómo puede traducirse eso en recursos para el país? 
 

Un sistema bien implementado puede generar entre 200 y 400 millones de dólares anuales en una primera etapa, según experiencias regionales. A mediano plazo, podría representar un ingreso estable, pero sin contaminar, sin desmontar y generando empleo verde directo. Lo que propongo es que Bolivia lo institucionalice: ley, plataforma de certificación, fiscalización ciudadana y control ambiental. 

-¿Qué necesita Bolivia para que eso funcione?
 

Necesita tres cosas: Primero, un marco legal claro, actualizado y soberano, que regule quién emite, quién certifica y quién audita. Segundo, una plataforma nacional de titulización de carbono, para convertir cada tonelada capturada en un bono negociable. Tercero, confianza internacional, y para eso planteo vincular a la Bolsa Boliviana de Valores y generar alianzas con actores regionales. Pero, sobre todo, necesita políticos que entiendan esto y lo defiendan. Yo me lanzo a la Asamblea Plurinacional para eso.
 

-¿Cómo pretende convencer de que su propuesta es buena para los bolivianos?
 

Hablándoles desde su realidad. Yo no voy a hablar de carbono, sino del agua que falta, de la cosecha que no se dio, de los incendios que arrasan la tierra, de su ganado. Les voy a explicar que, con estos bonos, podríamos financiar plantas de riego, sistemas solares, caminos rurales que no destruyan el ecosistema. Todo eso es parte del bono verde. Y si se implementa bien, es trabajo local, con control comunitario y beneficio directo.
 

-Usted trabajó en la ABT. ¿Esa experiencia influye en esta propuesta?

Mucho. Desde la ABT impulsé la defensa jurídica del medioambiente. En Guarayos, por ejemplo, enfrenté a jueces que liberaban a quemadores reincidentes. Denunciamos corrupción y mostramos que, si no hay una ley fuerte, no hay protección posible. Esa experiencia me enseñó que la defensa ambiental no puede ser romántica. Tiene que ser legal, técnica y política. Lo que propongo es pasar de la denuncia a la transformación institucional.
 

-¿Qué tan diferente es su propuesta de la narrativa ambiental del gobierno actual?

Lo que propongo no es discurso, es implementación. El Vivir Bien fue una idea poderosa, pero sin instrumentos ni presupuesto queda en papel. El gobierno ha retrocedido en normas, ha debilitado el control y ha judicializado incluso a ambientalistas. Yo propongo hacer del medioambiente una herramienta de desarrollo, con reglas claras, con participación indígena, con alianzas internacionales, pero sin perder el control como Estado.
 

-¿Por qué ahora, en esta coyuntura?

Porque si no lo hacemos ya, lo vamos a lamentar después. Estamos en un punto de inflexión. O reformamos con inteligencia, o colapsamos con más de lo mismo. Bolivia necesita generar ingresos nuevos, sin contaminar ni endeudarse. 
 

-¿Cree que esta propuesta le puede generar votos? 

Yo creo que la gente está cansada de gritos sin soluciones. Esto no es solo técnico, es político. Habla de empleo, de agua, de futuro. La Alianza Pueblo está apostando a candidaturas con contenido, y desde Santa Cruz queremos mostrar que se puede hacer política sin gritar, sin pelear, pero con ideas claras y con propuestas.