Entre gritos de “ni cobardes ni traidores”, el presidente del Estado, Luis Arce, promulgó, la tarde de este martes, la Ley 144 "Transitoria para las Elecciones Judiciales".

En un acto desarrollado en la Casa Grande del Pueblo, Arce fue cobijado por diferentes organizaciones sociales, entre ellas la Central Obrera Boliviana (COB), la CSUTCB, las ‘Bartolinas’, los Interculturales, entre otros.

En su discurso, el Jefe de Estado aseveró que la Ley ya pudo haber sido aprobada, sancionada y promulgada en agosto de 2023, si es que el Senado “reconocía sus errores” y subsanaba las observaciones que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió contra la Ley 144.

“El año pasado ya se pudiera haber resuelto y subsanado estos temas. No quisieron aceptar sus errores, la falta de capacidad de algunos asambleístas lamentablemente, quizás influenciados, para poder darse cuenta que querían hacer cometer el gran error a nuestros diputados (…) Habían serias observaciones de inconstitucionalidad que no quisieron aceptarlas y por eso han perjudicado a todo un pueblo, a todo un país”, reprochó el Presidente del Estado.

En ese sentido, afirmó que hoy se promulga la Ley de las Elecciones Judiciales gracias, dijo, a que la Cámara de Diputados subsanó los “errores” del Senado y rechazó que la oposición busque culpar al Gobierno por el retraso en la realización de los comicios y la consecuente prórroga en los mandatos de los consejeros y magistrados del Órgano Judicial.

“Nos han querido echar la culpa como Gobierno, cuando todos sabemos que el Gobierno no toca, lamentablemente, nada que ver en este tema de las elecciones judiciales. El problema no estaba aquí, se resolvió en la propia Asamblea cuando muchos asambleístas tuvieron que reconocer que se equivocaron”, señaló.

El Jefe de Estado, en ese sentido, reiteró que los bloqueos llevados adelante por los seguidores de Evo Morales no eran necesarios y reprochó que se haya ahorcado a la economía del pueblo boliviano.

Por otra parte, el Jefe de Estado reiteró que las elecciones judiciales no resolverán los problemas estructurales de la justicia, pero llamó a la Asamblea  llevar adelante el proceso y preseleccionar a los mejores candidatos para los cargos, sin pensar en “cuotearse” al Órgano Judicial.

“Las elecciones judiciales no pueden ser para cuotearse el órgano judicial (…) Que se elijan a las personas más aptas”, acotó.

La Ley

Conformado por 42 artículos, cinco disposiciones adicionales y una disposición final, el proyecto de ley fija un plazo de hasta 80 días calendario para el proceso de postulación y preselección de postulantes y de hasta 150 días calendario para la organización y realización de la elección.

Adecuada a la declaración constitucional 0049/2023, la propuesta pone a la meritocracia como un elemento central para la preselección de los candidatos judiciales con la finalidad de contar con los mejores profesionales en el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura.

Hasta 30 puntos se calificará las maestrías, hasta 40 los doctorados, la experiencia profesional y otros aspectos tendrán una valoración que sumados llegarán a 200 puntos.

A diferencia del proyecto de ley 144 aprobado por el Senado, en octubre de 2023, en esta propuesta final se incluyó, además de la evaluación de méritos, evaluaciones escritas y orales.

El artículo 35 establece la elaboración de una batería de preguntas desagregadas una por una, con sus respectivas respuestas por áreas de especialización de los cuatro órganos, confeccionadas por facultades de Derecho de Universidades públicas y privadas, Escuela de Jueces del Estado y Colegios Nacionales de Abogados.

Solo aquellos que lleguen a sumar 130 puntos podrán pasar la preselección, que estará a cargo de las comisiones mixtas de Justicia y Constitución de ambas cámaras.

Una vez aprobado en el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de voto, la lista de los preseleccionados pasará al TSE para preparar y desarrollar las elecciones judiciales en un plazo de 150 días.

En esta etapa también se acortó de 30 a 15 días el plazo para conocer los resultados oficiales y los nombres de los nuevos magistrados.