El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, advirtió este lunes que el Órgano Judicial ya no permitirá ser manipulado ni instrumentalizado con fines políticos o personales, en una clara alusión a recientes casos de corrupción y presión institucional.

“Estaban acostumbrados a manipularnos, a soltarnos, a instrumentalizarnos para su alfabeto. Hoy en día le dimos parte a esa instrumentalización. Aquel que intente nuevamente instrumentalizar la justicia, que intente jugar para sus intereses personales, que mire bien su acción, porque lo que le va a esperar seguramente no va a ser el retorno a su casa”, advirtió durante un acto en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.

TSJ

La autoridad judicial enfatizó que el TSJ actuará con firmeza para preservar la independencia judicial. “No nos tiembla el pulso para mantener la independencia de nuestro Órgano Judicial. Ya dimos ejemplo de lo que sucede con quienes atentan contra la autoridad judicial y seguiremos actuando con la misma fortaleza”, agregó.

Estas declaraciones coinciden con el levantamiento de la reserva del caso Consorcio, una investigación abierta por el Ministerio Público que devela una supuesta red de corrupción en el sistema judicial.

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Según la Fiscalía, se trata de un grupo de jueces, funcionarios y abogados que operaban como una organización para manipular fallos, influir en decisiones jurisdiccionales y perseguir a determinadas autoridades, entre ellas, a la magistrada del TSJ Fanny Coaquira. Según las investigaciones, ese grupo buscaba suspender a Coaquira de sus funciones para habilitar a su suplente, Iván Campero.

Decisiones judiciales

Actualmente, siete personas enfrentan medidas cautelares por este caso, mientras que un octavo implicado se encuentra prófugo. Entre los principales sindicados figura el juez de Coroico Fernando Lea Plaza, cuyo despacho fue precintado como parte de las investigaciones. También se ha convocado a vocales judiciales a declarar en calidad de testigos, y se prevé más diligencias en los próximos días.

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Tórrez, indicó que la reserva del caso fue levantada recientemente. Eso lo que permite el acceso a la información procesal. La revelación de este escándalo generó preocupación por la profundidad de la corrupción en la justicia boliviana, mientras las autoridades aseguran que no habrá tolerancia ante prácticas irregulares.

Por ese caso, hay ocho personas involucradas y no se descarta ampliar el proceso a otras posibles participaciones.