Después de haber sido denunciado por el Gobierno de “megacorrupción” en el proyecto Ciudad Segura, el alcalde suspendido, José María Leyes, sostuvo que es un “prisionero político”, a quien le seguirán “inventando” acusaciones. Entretanto, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que en el Gobierno Municipal de Cochabamba se armó una mafia y que el burgomaestre debe pedir disculpas.

La semana pasada, el Viceministerio de Transparencia denunció un sobreprecio de al menos 29 millones de bolivianos, en la compra de cámaras de seguridad y torres de telecomunicaciones en el proyecto Ciudad Segura. Leyes, quien cumple detención domiciliaria por presunta corrupción en el caso mochilas escolares, respondió al Viceministerio mediante un video publicado por Demócratas.

Leyes aseveró que para este proyecto las empresas proveedoras compitieron en ofrecer la mejor calidad y precio. Destacó que las vencedoras fueron Huawei y Hansa, cuyo prestigio es reconocido. Aseveró que no se trata de cámaras normales que cualquier persona pone en su casa. Ofreció al Viceministerio una copia del proyecto para que haga sus cotizaciones de manera correcta.El Alcalde recordó que el propio ministro de Gobierno, Carlos Romero, lo felicitó por el proyecto de seguridad y que calificó de “moderno y espectacular” el centro de despacho que se había presentado para el sistema de video vigilancia.

“Tiene que quedar claro que las acusaciones en mi contra seguirán apareciendo, inventadas, prefabricadas, sin pruebas, pero hechas al amparo de todo el aparato político comunicacional y judicial que hoy controla el gobierno. Quieren hacernos creer que somos como ellos (…) Hoy seré un prisionero político pero nunca seré un prisionero del miedo”, afirmó.

Entretanto, el vicepresidente Álvaro García, quien estuvo en Cochabamba, afirmó que en la Alcaldía de Cochabamba se estableció una mafia. Instó a Leyes a asumir su responsabilidad y pedir disculpas.