Fracasó el diálogo convocado por el vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, para reencaminar las elecciones judiciales junto a los presidentes del Senado y Diputados, Andrónico Rodríguez e Israel Huaytari, respectivamente; presidentes de comisiones legislativas; y jefes de bancada.

El principal punto de disidencia fue que Rodríguez y los opositores piden que Choquehuanca convoque a una Sesión de la ALP para aprobar una Ley Corta que modifique los plazos de las elecciones judiciales, cuyo proceso fue anulado por una Sala Constitucional de Pando, además de las leyes antiprórroga y hasta las leyes de referidas a los créditos obtenidos por el Gobierno; sin embargo, según el Presidente del Senado, Choquehuanca y oficialistas abogan por esperar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pues esa instancia debe ratificar o levantar la suspensión de los comicios para elegir a los nuevos magistrados y consejeros del Órgano Judicial.

A la salida del encuentro fallido, Rodríguez lamentó la “falta de voluntad” de Choquehuanca para convocar a sesión de la ALP y, dijo, solucionar todos los conflictos existentes en esa instancia.

“Nosotros consideramos que el pleno de la Asamblea Legislativa puede resolver todo el conflicto acumulado (…) Vamos a entrar a una profunda crisis institucional y legislativa si no vamos a tener la voluntad de convocar a los asambleístas que tiene toda la voluntad de resolver este conflicto”, afirmó.

El Presidente del Senado, en ese sentido, enfatizó que la sesión de la ALP podría aprobar las leyes antiprórroga, los créditos solicitados por el Gobierno y también la Ley Corta para la continuidad de las elecciones judiciales.

Empero, lamentó que “otros colegas piden esperar el pronunciamiento del TCP para continuar la preselección” de candidatos para las judiciales cuando, afirmó, los magistrados de esa instancia son los mismos autoprrogados y por tanto “sus acciones son nulos de pleno derecho”.

Entretanto, la Vicepresidencia, a través de un comunicado, lamentó la falta de consensos entre las tres fuerzas políticas que componen la ALP y llamó al TCP a “dar certeza el pueblo boliviano” y resolver la acción contra el fallo que anuló el proceso de las judiciales.

El 30 de abril, la Sala Constitucional de Pando, compuesta por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán, dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea al dar curso al amparo planteado por Yeri Duri Bautista, presidenta de la Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando, quien denunció que la convocatoria de preselección no garantiza los derechos de las mujeres originarias.

En la parte resolutiva de este documento se especifica que “se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el reglamento de preselección (...), disponiendo que se procesa a realizar uno nuevo en base a normas que respeten la igualdad material de las personas”.

La suspensión del proceso de preselección de cara a las elecciones judiciales se dio cuando se encontraba en la etapa de evaluaciones, la última antes que la lista de habilitados pase al pleno de la ALP para que se elija a los candidatos que irían a votación popular.

El pasado martes, Choquehuanca,  a través de un memorial, solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional el “adelanto del sorteo de causa” y la pronta resolución de la revisión del fallo de la Sala Constitucional de Pando que suspendió el proceso de las elecciones judiciales.

“La resolución emitida por la autoridad jurisdiccional, de acuerdo con la normativa, debe ser enviada para revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia que puede confirmar o revocar, en todo o en parte, la decisión de la autoridad judicial inferior a través de una Sentencia Constitucional, que debe ser emitida previo cumplimiento de un procedimiento”, informó el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde.

Entretanto, ayer, miércoles, el Senado aprobó una resolución camaral en el que exige a Choquehuanca convocar a una sesión para debatir y definir el futuro de las elecciones judiciales.