“El día de la elección, este Tribunal Supremo Electoral asume el mando de la fuerza pública, tal como lo manda la Constitución y la ley. Así lo haremos, siempre precautelando y poniendo ante todo el consenso”, afirmó Vargas ante los medios. Esta medida busca asegurar un proceso electoral ordenado y en paz, en medio de tensiones políticas.

El artículo 148 de la Ley 026 respalda esta disposición, otorgando al OEP la facultad de coordinar el despliegue de seguridad con la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Estas instituciones colaborarán en tareas como la custodia del material electoral, su traslado, almacenamiento y protección de los recintos electorales, tanto en el país como en el extranjero.

En Bolivia el panorama electoral se vive en tensión por amenazas de sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes anunciaron posibles acciones para impedir los comicios. Ruth Nina, aliada política de Morales, incluso declaró que en estas elecciones “se contarán muertos en lugar de votos”.

Ante estas declaraciones, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación contra Nina por instigación pública a delinquir, amenazas y obstaculización de procesos electorales. Consultado sobre este tema, el vocal Vargas indicó que el TSE no tomó aún una decisión al respecto, ya que se encuentra enfocado en las tareas técnicas y operativas del proceso.

También indicó que la verdadera garantía del proceso electoral radica en la participación ciudadana. “Son los ciudadanos y su voluntad de acudir a las urnas quienes le dan legitimidad al proceso”, afirmó. En total, más de 7,9 millones de bolivianos están habilitados para votar, tanto en territorio nacional como en el exterior.