“Nuevamente se pone en riesgo el proceso electoral y la democracia”, alertó Salame, al señalar que esta acción fue admitida pese a que “los derechos a la democracia y a la alternancia no pueden considerarse colectivos ni difusos”, como pretende la demanda.

La parlamentaria recordó que el artículo 135 de la Constitución Política del Estado establece que la Acción Popular procede únicamente cuando se vulneran derechos colectivos relacionados con temas como el medio ambiente, la seguridad o la salud pública, por lo que (según su criterio) “la acción debía haber sido rechazada de plano por las autoridades jurisdiccionales del Beni”.

La audiencia fue fijada para el 21 de julio, pero lo que más preocupa, advirtió Salame, es que el caso fue sorteado “extrañamente” a la Sala Constitucional Primera de Beni, presidida por el vocal Chales Fernando Mejía, quien ya fue criticado por su rol en la declaración de inconstitucionalidad parcial de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales, lo que dejó en suspenso la renovación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

La senadora también denunció que este tipo de maniobras están siendo “respaldadas por los ex magistrados prorrogados, principalmente Gonzalo Hurtado e Iván Espada, quienes favorecieron a Mejía con una resolución de la Sala Constitucional Cuarta del TCP que permitió su reincorporación como vocal, pese a un fallo previo que lo había inhabilitado.

“Debemos estar atentos y levantar la voz para defender la democracia”, manifestó Salame, quien exhortó a que las elecciones generales se lleven a cabo sin contratiempos ni maniobras legales, y que se garantice su transparencia y alejamiento de todo acto que pueda empañar la vida democrática del país.