La polémica por el proyecto Ciudad Segura y las consecuentes denuncias de corrupción en Cochabamba se acentúa. El alcalde suspendido José María Leyes asegura ser un "prisionero político" y no descarta que le sigan "inventando" acusaciones; el vicepresidente Álvaro García Linera, por su parte, asegura que en la Alcaldía de Cochabamba se montó una mafia y que el burgomaestre debe pedir disculpas.

El Gobierno denunció la pasada semana un sobreprecio de Bs 29 millones en la adquisición de cámaras de seguridad y torres de telecomunicaciones para el proyecto Ciudad Segura.

En un video, Leyes recordó que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó de "moderno y espectacular" el sistema de videovigilancia implementado. La autoridad defendió el prestigio de las firmas vencedoras de la licitación, Huawei y Hansa. "Las acusaciones en mi contra seguirán apareciendo, inventadas, prefabricadas, sin pruebas, pero hechas al amparo de todo el aparato político comunicacional y judicial que controla el Gobierno. Quieren hacernos creer que somos como ellos. Hoy seré un prisionero político, pero nunca seré prisionero del miedo", dijo.

García Linera insistió en las denuncias: "se ha demostrado la estafa a Cochabamba (...), ahora la última denuncia hasta los periódicos están sacando, en tapa, que se armó toda una mafia institucional para que las contrataciones estén a cargo de un grupo institucionalizado que venían de Santa Cruz".

La autoridad calificó de "grosero" e "indignante" que el dinero de Cochabamba haya financiado la actividad política de los Demócratas de Santa Cruz y demandó que Leyes se disculpe de su electorado.