La senadora Silvia Salame y el diputado Miguel Roca advirtieron que la acción popular, que podría derivar en la inhabilitación de varios candidatos, se trata de una maniobra política para “perforar” las elecciones generales del 17 de agosto.

“Tenemos la certeza de que se trata de un movimiento político para, si no es liquidar el proceso de elecciones nacionales, por lo menos perforar las elecciones”, denunció Salame en entrevista con La Razón Radio.

Demanda

La demanda fue presentada el 7 de julio por Marlene Sierra Terán contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El argumento es que deben inhabilitarse candidatos que hayan ocupado cargos electivos por más de dos gestiones, continuas o discontinuas. La audiencia se fijó para el 21 de julio.

Según Salame, el recurso busca aplicar el entendimiento de la Sentencia Constitucional 007/20205, firmada por magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Dicha sentencia, emitida en mayo, prohíbe la reelección más allá de dos mandatos incluso discontinuos. De esta manera se cerró el camino para una nueva candidatura de Evo Morales.

La senadora también advirtió que la acción se preparó con antelación y activada justo antes de la modificación final de papeletas. Esto, dijo, para impedir incluso la inclusión de nuevos candidatos.

“Si analiza el memorial y analiza el auto por el cual se señala la audiencia había habido ya anteriormente una audiencia y que nadie se enteró. Pero seguramente han jugado con los plazos que da la norma para la modificación de las papeletas para que, digamos, estas personas, ni siquiera los nuevos candidatos pudieran incluirse en las papeletas”, indicó.

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Para Roca, también candidato por Autonomía Para Bolivia – Súmate (APB-Súmate), esta acción se suma a otros intentos por “menoscabar” o impedir las elecciones.

“A estas alturas que alguien presente una acción popular o cualquier recurso constitucional para intentar frenar las elecciones, bajar candidaturas, es absolutamente antidemocrático y es totalmente censurable”, criticó.

Alcance

Según el alcance de la acción popular, se podría excluir a candidatos como Manfred Reyes Villa, Eva Copa, Andrónico Rodríguez, Jhonny Fernández y Rodrigo Paz por haber sido autoridades electas en más de dos periodos. Además, se interpuso en la Sala Constitucional Primera de Beni, una instancia que, según Salame, ha estado marcada por la influencia de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional.

Entre 2023 y 2024, esta sala emitió fallos que suspendieron la preselección de candidatos a las elecciones judiciales. también paralizaron etapas del concurso por vulneraciones a los derechos de postulantes y declararon desiertas convocatorias por falta de mérito e inclusión. En 2025, dictó medidas cautelares contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS); y ordenó frenar la inscripción de sus candidaturas, lo que puso en riesgo la postulación Rodríguez.