Con la mira en reducir el déficit fiscal se propone, en primer lugar, no bajar los impuestos -una medida que sería muy popular, pero poco responsable- y, en cambio, focalizar/discriminar, subsidios y bonos sociales.  Al respecto, interesa mencionar que uno de los bonos que habría que focalizar y no se menciona, es la Renta Dignidad.  Trescientos bolivianos por mes para familias que se sustentan con 1 o 2 salarios mínimos y personas mayores que pertenecen a ellas o viven solas, son esenciales.  Sin embargo, para personas que reciben pensiones de jubilación o ingresos superiores a Bs7000, sin mencionar a profesionales independientes cuyos ingresos son elevados (médicos, abogados, por mencionar los más numerosos) autoridades y docentes universitarios y ejecutivos de empresas públicas y privadas, dueños de empresas y otros, que se mantienen activos mucho después de los 60 años, serían prescindibles.

En cuanto a los subsidios, no hay que olvidar el ajuste a las tarifas del servicio de gas domiciliario, del que gozan sobre todo familias de clase media y alta.  Es absurdo que las facturas del gas sean menores a 10 bolivianos por mes, monto que probablemente no cubre ni los costos administrativos de este servicio.  En cambio, habría que priorizar el subsidio al gas licuado que se vende en garrafas, y que utilizan las familias menos favorecidas.

Respecto a la política tributaria y también por consideraciones de equidad, habría que revisar la legislación del RC-IVA, en lo relativo al cálculo del impuesto a pagar por trabajadores en relación de dependencia.  Actualmente, debido a que los descuentos suman 4 salarios mínimos y, además, el monto a pagar se compensa con el IVA contenido en sus facturas por compras personales, alguien que percibe hasta Bs10.000 se libera totalmente de pagar este impuesto.  

Sobre otros impuestos, la propuesta de 100 días prevé eliminar el Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF, pero no menciona el Impuesto a las Transacciones – IT, que ha sido llamado “perverso” por diversas razones, la mayoría de ellas relacionadas con su efecto en los costos de producción y en la competitividad entre producción local e importada.  Cabe mencionar, por otro lado, que la disminución de los ingresos que actualmente genera el IT, se atenuaría por el hecho de que, bajo la legislación vigente, el IT se compensa con el Impuesto a las Utilidades que pagan las empresas.  

Pasados los 100 días, habría que hacer una reforma sustantiva a la legislación tributaria, pues el sistema boliviano actualmente presenta problemas relativos a su falta de equidad y a distorsiones que genera para los sectores productivos.  En cuanto a la equidad, merece mención la que resulta de la presencia de regímenes especiales, dentro de los cuales se ocultan sectores que bien podrían estar en el régimen general, destacando, entre ellos, el sector agropecuario y productores mineros y cocaleros. De manera concomitante, cabría también revisar la legislación y el sistema de cálculo de las pensiones de jubilación, que actualmente causan que la pensión de jubilación para personas que perciben sueldos superiores a 10.000 bolivianos, resulte siendo aproximadamente de solo un tercio de lo que percibían como trabajadores activos, lo cual sin duda induce a los que puede optar por ello, a no a atenerse a la jubilación.   

Finalmente, pronto después de los 100 días, también habría que realizar una revisión a fondo de las disposiciones administrativas que aplica el Servicio de Impuestos Nacionales que es una de las causas más frecuentes de las quejas de los contribuyentes.