“Se ha realizado un estudio de inteligencia para identificar los municipios con mayor riesgo. Entre ellos están Villa Tunari, centro de actividad de las Seis Federaciones del Chapare; Sacaba, Shinaota y Chimoré. También hay comunidades mineras e indígenas en Llallagua (Potosí). En Santa Cruz, figuran Yapacaní y la zona del Plan Tres Mil. Ya contamos con un plan para garantizar unas elecciones normales”, informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, en una entrevista con El Deber.

En Cochabamba, se identificaron los municipios de Ivirgarzama y Entre Ríos como puntos estratégicos para impedir movilizaciones violentas. Aguilera señaló que los anuncios de disturbios surgen por la presión ejercida por organizaciones sociales que operan en un “gobierno paralelo” y demandan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) reponer la personería jurídica del frente político PAN-Bol, que postula a Evo Morales.

El Viceministro también mencionó que el trabajo de inteligencia reveló fracturas en el sistema evista, lo cual aumenta el riesgo de enfrentamientos internos en algunas comunidades.

Esto se relaciona con conflictos sociales generados por sectores del Trópico de Cochabamba –como empresarios, exportadores y productores agrícolas– que rechazan las posturas radicales del evismo porque afectan su derecho a votar libremente y ocasionan pérdidas económicas significativas.

Aguilera anunció que se tomarán en cuenta no solo la dispersión geográfica sino también la protección doble en infraestructuras electorales seleccionadas por el TSE. Además, se prevén patrullajes conjuntos en ciudades como El Alto, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz para evitar movilizaciones violentas y bloqueos carreteros durante el proceso electoral.