Ante las recientes amenazas de Ruth Nina, aliada de Evo Morales, de que en agosto se van a contar muertos en lugar de votos, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que Sala Plena se reunirá este martes para evaluar las acciones a asumir, adelantó que se contará con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, para reforzar la logística de las elecciones generales.

“Ese plan logístico se va a reforzar. Tendremos reuniones con las Fuerzas Armadas y la Policía para desarrollar este plan, con el único objetivo de que todos los bolivianos puedan ejercer la democracia”, afirmó el vocal.

Nina, amenazó el sábado que el 17 de agosto “el Tribunal Electoral y el Gobierno en vez de contar votos van a contar muertos, eso es lo que va a pasar”. A pesar de los cuestionamientos, Nina ratificó este lunes sus amenazas y desafió a que la procesen, arguyendo que por la pérdida de personalidad jurídica de PAN-BOL y la imposibilidad de la candidatura de Morales, cientos de militantes “han muerto políticamente”.

No obstante, Ávila afirmó que Nina cometió el delito de “instigación pública a delinquir”, por lo que instó a las autoridades actuar de “manera inmediata”.

“Les aseguro que la sala plena va a emitir un pronunciamiento también al respecto”, recalcó el vocal e insistió que “ningún boliviano o boliviana puede estar por encima de la Constitución Política del Estado”.

El “Tribunal Supremo Electoral no va a permitir que algún ciudadano ponga en vilo o amenace el derecho democrático que tienen los más de 7 millones 500 mil ciudadanos que están habilitados para votar”, consideró.

Esta no es la primera vez que los seguidores de Morales amenazan. El mismo Morales advirtió el fin de semana: “Vamos a ver si se realiza la elección el 17 de agosto; si no estamos (…), no hay elecciones. No tengo ningún miedo, ahí van a ver”.

Al respecto, el vocal Ávila recordó que obstruir un proceso electoral constituye un delito, y afirmó que el TSE recurrirá “ante las instancias competentes si es que ello ocurriera” el 17 de agosto.

“En mi criterio personal, y lo reafirmo de manera contundente, ningún ciudadano o ciudadana está por encima de la Constitución y ningún ciudadano o ciudadana puede amenazar con coartar el derecho a otro boliviano. En este caso, a 7.500.000 bolivianos que están habilitados para votar el día de las elecciones”, enfatizó.