“Una inconstitucional acción popular pretende nuevamente afectar el proceso electoral. Extrañamente la acción es admitida en el Tribunal departamental del Beni en la Sala del vocal (Charles) Mejía al parecer en complicidad con los vocales ‘autoprorrogados’ pretenden un golpe a la democracia”, afirmó Salame a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la información la ciudadana Marlene María Sierra Terán presentó la acción popular ante la Sala Constitucional del Beni y en su memorial solicitó la inhabilitación de los candidatos que hayan ejercido cargos públicos durante un periodo acumulado de 10 años, es decir, aquellos que fueron electos mediante sufragio en dos gestiones consecutivas.

Como medida cautelar, pidió la suspensión temporal de la habilitación de las listas de candidatos a senadores y diputados que incluyan a exautoridades que hayan ocupado cargos electivos en dos periodos.

Tanto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en reiteradas oportunidades, garantizaron que los recursos de inconstitucionalidad presentados antes instancias judiciales no afectarán ni suspenderán la realización de las elecciones generales del 17 de agosto. Además, se comprometieron a que se tramitarán los recursos con celeridad, sin que esto implique la postergación ni el freno de la elección.