Según la legisladora, la acción fue presentada por la ciudadana Marlene María Sierra Terán ante la Sala Constitucional del Beni. En el documento, se solicita la inhabilitación de todos los candidatos que hayan ocupado cargos públicos electivos durante un periodo acumulado de 10 años. Esto afectaría a exautoridades que han tenido dos gestiones consecutivas.

Como medida cautelar, la solicitante ha pedido la suspensión temporal de las listas de candidatos al Legislativo que incluyan a personas con ese perfil, hasta que se resuelva el fondo de la demanda.

Advertencia sobre el proceso electoral

Salame ha advertido que esta acción podría ser un intento de frenar el proceso electoral y ha criticado que haya sido admitida por la sala del vocal Charles Mejía. La senadora afirmó que existe una “complicidad” con vocales “autoprorrogados”, lo que pone en riesgo el calendario democrático.

“Una inconstitucional acción popular pretende nuevamente afectar el proceso electoral. Extrañamente, la acción es admitida en el Tribunal Departamental del Beni en la Sala del vocal (Charles) Mejía; al parecer, en complicidad con los vocales ‘autoprorrogados’ pretenden un golpe a la democracia”, expresó Salame a través de sus redes sociales.

Posición de los tribunales

Tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Tribunal Constitucional Plurinacional han reiterado que ningún recurso judicial podrá paralizar la elección programada para el 17 de agosto de 2025.