A través de un mensaje en su cuenta en la res social ‘X’, Evo Morales afirmó que se “tergiversa” la solicitud de indemnización que hizo por ser inhabilitado a candidato a Senador en 2020 y pidió que los vocales que tomaron esa decisión sean “procesados” penalmente.

A decir de Morales, la acción que activó no es por “platista”, sino para que “nunca más mis hermanos menores, líderes políticos, indígenas sean inhabilitados por el TSE”.

“Los cinco vocales del Tribunal Supremo Electoral que me inhabilitaron en 2020 para ser candidato a senador deben ser procesados penalmente, porque cometieron un acto inconstitucional, nunca hemos pedido dinero como compensación a esa injusticia. Lo dije en marzo de 2022, en un Twitter, que no teníamos intención de cobrar plata. Quieren callarme con indemnización, no estamos aquí por plata, estamos para hacer justicia, no quiero que nunca más mis hermanos menores, líderes políticos, indígenas sean inhabilitados por el TSE”, señaló.

A decir de Morales su pedido de indemnización fue “tergiversado” para dañar su imagen.

“Han comenzado a tergiversar la información, con el único interés de dañar nuestra imagen, para pretender que la ciudadanía considere que nosotros somos platistas, falseando la verdad y también la realidad”, acotó.

El pasado viernes, el abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, justificó el pedido de resarcimiento de Bs 1,9 millones que realizó su cliente al Tribunal Supremo y afirmó que de ganar la acción el dinero irá destinado a un “fin social”.

En rueda de prensa, Chávez afirmó que la acción de amparo constitucional contra el TSE se presentó para que “nunca más una autoridad del tribunal electoral pueda proscribir a un indígena, rebelde, antiimperialista para que esa persona represente legítimamente a su pueblo”.

Además, Chávez aseguró que si Morales gana la acción de amparo destinará el dinero a un “fin social”, aunque no especificó cuál.

“De darse el caso de un reintegro de esto, como corresponde a la reparación de Evo Morales, lo que él va a hacer, y me han indicado, como lo ha hecho siempre además el expresidente Evo, es dar a un fin social”, dijo.

Entretanto, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, afirmó que esa instancia hará la representación ante la justicia por la demanda de Morales como y alegará que el expresidente ya recibe una renta mensual de Bs 25.000 que es financiada por el Estado.

Al definir como “exagerada” la pretensión económica del exmandatario, Vargas anticipó que serán, por lo menos, dos los argumentos que se expondrán ante la justicia: una el supuesto de que Morales habría sido electo si se presentaba como candidato, y también que el expresidente ya recibe una renta como tal y que no puede captar dos ingresos provenientes del Estado.

“Yo considero que es un monto exagerado el que se está solicitando, además, se basa sobre el supuesto que, quien fue inhabilitado hubiese sido electo y es algo que no se puede determinar, solamente en ese momento quien se ha postulado y quien reciba la confianza de la ciudadanía, pues se ha podido determinar que ha sido electo. Entonces ahí consideramos que hay cierta ambigüedad”, explicó Vargas en el programa No Mentirás de la privada Red Uno.

Argumentó, además, que “el señor Morales recibe una percepción del Estado y la norma establece que nadie puede recibir doble percepción o por lo menos nadie puede recibir un sueldo o un salario más del que está establecido para el presidente del Estado”.

Pese a haberla rechazada en 2022, Morales demanda una indemnización por Bs 1.912.933,59, porque en 2020 el TSE presidido por el exvocal Salvador Romero, lo inhabilitó como candidato a senador por Cochabamba.

El cálculo de la indemnización se hizo a partir de los sueldos que Morales no pudo acceder al ser inhabilitado, según su abogado, el exministro Wilfredo Chávez.

En su petitorio, Chávez invoca el cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0087/2021, difundida el 7 de mayo de 2021, que declaró inconstitucional la inhabilitación de la candidatura de Morales y dispuso el pago de una indemnización económica.

El expresidente fue inhabilitado bajo el criterio que no residía en Bolivia, ya que en ese entonces cumplía un refugio político en Argentina. Su lugar lo ocupó el dirigente cocalero Leonardo Loza, actual senador.