Dentro de la teoría económica, cada vez cobra mayor relevancia lo que se conoce como la Escuela Institucionalista, que cuenta entre sus máximos exponentes a dos premios Nobel de economía (R. Coase y D. North) y en la actualidad se ve remozada con el trabajo de los economistas D. Acemoglu y J. Robinson titulada: ¿Por qué fracasan los países?

Sí, los mentados autores identifican a las instituciones, tanto en su tipo y diseño –principalmente– como en su calidad y desempeño, como la fuente de éxito para el desarrollo. Dejando a un lado la obviedad, estos economistas desarrollan dos conceptos clave: instituciones extractivas e instituciones inclusivas.

Las instituciones inclusivas permiten a la sociedad ejercer sus derechos políticos y económicos, poniendo límites al poder político gobernante y repartiendo dicho poder ampliamente en la sociedad. Naturalmente, en este espacio la justicia, la competencia, la innovación y otras bondades operan de mejor manera.

Cándidamente, alguien podría argumentar la evidencia de países que copiaron la institucionalidad de un país “exitoso” y fracasaron, porque no le gusta la idea de repartir el poder o poner límites al poder político, al respecto, el objetivo de la institucionalidad no es copiar o adaptar a realidades matizadas un conjunto de reglas u organizaciones, sino deja traslucir que institucionalidad es el respeto a un conjunto de reglas políticas y económicas creadas e impuestas por el Estado y los ciudadanos colectivamente, nuevamente, respeto.

Por el contrario, hay países que fracasan incluso sistemática y deliberadamente. ¿Cómo? ¿Me dice que se autosabotean? Ahí estimado lector surgen las instituciones extractivas, que están diseñadas para extraer rentas y riqueza de la mayoría de la población a fin de garantizar privilegios a una clase gobernante. Piense, por ejemplo, en las personas naturales y jurídicas que pagan impuestos y los cocaleros del Chapare.

En los últimos 12 años, el gobierno de Morales se encargó de instaurar una institucionalidad extractiva. Es extractiva cuando obligan a los funcionarios públicos a aportar de su sueldo al partido de gobierno, cuando los obligan a asistir con su dinero a todos grotescos espectáculos del MAS, cuando se premia a los “chupa tetillas que siguen ordenes desde La Paz” en puesto de jerarquía en desmedro de la meritocracia, cuando al jefazo se le ocurre que deben trabajar nueve horas, cuando en realidad los tienen en sus escritorios más de 10 horas, cuando los convierten de servidores públicos en sirvientes del MAS.

Será evidente aún para el más devoto masista, que de haberse alzado vencedores el 21 de febrero, así sea por un voto, no permitirían a la resistencia utilizar argumentos como que el gobierno hace un uso abusivo de los medios de comunicación en propagandas o partidos de fútbol del jefazo pagados por todos los bolivianos, o que en el campo el voto no es secreto o libre, o que hacen creer al más humilde que los bienes y servicios públicos son regalos de Evo. Todos son ejemplo de una desinstitucionalización del Estado o de las instituciones extractivas impuestas por los masistas para no perder sus privilegios.

El próximo gobierno tendrá como primera tarea, a mi humilde parecer, desinstalar las instituciones extractivas masistas, instaurar, promover y fomentar las inclusivas, para que en un futuro no muy lejano tengan que rendir cuentas los de la política del “le meto nomás”.

Sergio Pablo Garnica Pantoja es economista.