Una seguidilla de declaraciones apresuradas del Presidente, que incluyeron la aparente broma de que exigirá que los periodistas le exhiban credenciales del MAS, parece demostrar el nerviosismo o incomodidad del Gobierno.

Si bien la nueva Ley de Organizaciones Políticas fue aprobada y promulgada en tiempo récord, como quería el oficialismo, también ha crecido el rechazo a esa norma. Y ante los anuncios de las plataformas ciudadanas de convocar a masivas marchas contra la reelección de Morales para el 10 de octubre, día de la recuperación de la democracia, el Presidente lanzó convocatorias para que precisamente ese día sus adherentes también se manifiesten.

Esta no es más que una provocación, sobre todo porque el Gobierno siempre ha desdeñado la fecha de la recuperación de la democracia y nunca, en los 11 años anteriores, había celebrado ese día. Por el contrario, el MAS cree que el período anterior a la gestión de Morales fue descartable, una fase sin luces y muchas sombras. Y ahora resulta que, en el año 12 de gestión, sus dirigentes se acuerdan de la fecha y anuncian que saldrán a manifestarse y/o a celebrar.

La provocación podría ocasionar violencia porque los grupos opositores no han cejado en su idea de protestar ese mismo día. Por ejemplo, cinco comités cívicos del país rechazaron la promulgación de la ley y anunciaron “resistencia civil”, y la organización de movilizaciones en defensa de la democracia si el Tribunal Supremo Electoral habilita al binomio Evo Morales y Álvaro García Linera. Los representantes de los comités cívicos de La Paz, Potosí, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz se declararon en estado de emergencia y se pronunciaron contra la “vulneración de la Constitución Política del Estado”. Dijeron que el 10 de octubre se realizarán diversas manifestaciones de protesta en todo el país.

Las amenazas de distintos legisladores contra los integrantes del TSE advirtiendo incluso que podrían encarcelarlos si no aceptan registrar la candidatura de Morales también son parte de este enrarecido ambiente. Parece que el Gobierno tiene dudas de si el Tribunal Electoral está o no bajo su absoluto control y eso podría estar generando ansiedad en las autoridades.

Junto con eso, el muy torpe tratamiento de la crisis de los cocaleros de Yungas, que realizaron movilizaciones en La Paz y han empezado a recibir apoyos de diferentes sectores, ha aumentado el malestar de ese sector.

Todas éstas son señales preocupantes que tensionan el clima político y social, y exhiben lo que será un creciente ambiente de polarización y electorización.