Cochabamba permanece aislada del resto del país por los bloqueos encabezados por sectores afines al expresidente Evo Morales; tanto organizaciones de derechos humanos como el Gobierno denunciaron graves vulneraciones a derechos fundamentales de los ciudadanos.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) emitió un pronunciamiento contundente en el que denunció que las medidas de presión no constituyen protestas legítimas, sino actos coercitivos violentos que están afectando a civiles, personal médico y fuerzas del orden. “Esto no es protesta, es imposición violenta”, afirma el documento, firmado por los comités departamentales.

24 puntos de bloqueo

Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta ayer se mantuvieron al menos 24 puntos de bloqueo activos, 11 de ellos en Cochabamba, afectando el transporte de alimentos, medicinas y combustibles. La situación derivó en un creciente desabastecimiento y agravó la crisis económica en medio de una inflación persistente.

El ministro de Justicia, César Siles, informó que el Ejecutivo inició gestiones para que misiones internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) realicen una visita al país. “Estamos pidiendo que se verifique la dimensión humanitaria de estos bloqueos criminales”, señaló Siles.

Un fallecido

Los hechos cobraron ya víctimas fatales. En las últimas horas, un adulto mayor falleció tras caminar más de cinco kilómetros por rutas bloqueadas entre Oruro y Cochabamba. El hombre, identificado como Nemesio C., se desplomó sin poder recibir auxilio a tiempo.

Ayer, se registró otra jornada de enfrentamientos, esta vez en la ruta al valle alto cochabambino, cuando los pobladores se enfrentaron a los bloqueadores para despejar la vía; hubo gasificaciones y personas arrestadas.

El Ministerio Público y la Policía Boliviana ordenaron el repliegue temporal de los uniformados del trópico de Cochabamba debido a los conflictos que se registran desde la semana pasada, a eso se suma el cierre de una de las sucursales del Banco Unión. 

Denuncia penal

El ministro anunció la presentación de una denuncia penal contra Morales y varios dirigentes por presuntos delitos relacionados con la salud pública y la incitación a la violencia. El Gobierno desplegó desde el fin de semana un operativo conjunto entre policías y militares para liberar las vías. La primera semana de enfrentamientos entre policías y bloqueadores terminó con un saldo de 50 heridos.

Los evistas comenzaron a radicalizar sus exigencias al punto de pedir la renuncia del presidente del Estado, Luis Arce, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el cese de funciones de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).