El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptó la denuncia para cancelar la personería jurídica del Frente Para la Victoria (FPV), partido que firmó un acuerdo con Evo Morales con el afán de postularlo a la presidencia.

De acuerdo con la hoja de ruta 2066-2025 del TSE, difundida por el portal Visión 360, el demandante es Peter Erlwein Beckhauser, quien también pidió la cancelación de la personería jurídica del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN BOL).

El argumento que esgrime el demandante es que ambos partidos en las elecciones generales de 2020 no obtuvieron una votación por encima del 3%, por lo que corresponde que se les cancele su personería legal.

La información fue confirmada por una fuente del TSE al portal Oxígeno.bo.

A inicios de mes, el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, había señalado que el gobierno de Jeanine Añez aprobó la Ley 1315, el año 2020,  y la misma establecía que de manera excepcional no se aplicaría la obligatoriedad de obtener el 3% de los votos para mantener la personería jurídica de los partidos que participaron de las últimas elecciones generales.

“El año 2020 hubo la Ley 1315 excepcional en su disposición adicional única señala que para ese proceso electoral de manera excepcional no se tomaría en cuenta en artículo 58 de la Ley 1096 (de Partidos Políticos), que señala que no se va a tomar en cuenta ese 3%”, había explicado el Vocal.

El artículo 58, de la Ley 1096, en su parágrafo I, inciso b, establece el Tribunal Electoral cancelará la personalidad jurídica de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas al “no haber obtenido al menos el tres por ciento (3%) del total de votos válidos en la última elección a la que concurrieron”.

Tahuichi indicó que esa ley excepcional salvó a “varios” partidos políticos de ser cancelados en su personería jurídica, entre ellos al Frente Para la Victoria.

No obstante, a través de su cuenta en la red social ‘X’ y desde el penal de Miraflores, Añez desmintió a Tahuichi y exigió que se cumpla la ley y se quite la personería jurídica al FPV.

La exmandataria explicó que la ley 1315 que se aprobó el año 2020, no establece nada sobre partidos políticos que no alcanzaron el 3% de votación y solo garantiza la realización de las elecciones y que las organizaciones políticas deben adecuar sus estatutos hasta el 31 de diciembre de 2021. “No dice absolutamente nada del incumplimiento del porcentaje de votos obtenidos en los comicios ni ‘salvataje’ fuera del 31 de diciembre de 2021 y por razón estatutaria”, explicó.

“No se escuden en una expresidenta, presa política para ocultar la cobardía de asumir su obligación de cumplir la Constitución y la ley”, aseveró la exmandataria.