Medio: La Patria
Fecha de la publicación: martes 11 de septiembre de 2018
Categoría: Organizaciones Políticas
Subcategoría: Democracia interna y divergencias
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La figura vista por los partidos políticos sube el nivel de interferencia a la situación de zancadillas, pues las medidas que están en proceso de cumplimiento, no dejan un avance regular a las corrientes ciudadanas que quisieran formalizar su condición de partidos y no pueden hacerlo en los tiempos que ha resuelto el órgano electoral para que funcionen como tales y por lo mismo resultará muy complicada la fase de registrar militantes para elegir binomios.
En el tiempo presente y de manera casi definida, como lo observa más de un analista político, entre el 80 y 90 por ciento de electores no participará de las elecciones primarias, simple y llanamente porque las tiendas políticas de su afinidad, no podrán armar la estrategia electoralista para definir candidatos. Es más, hay quienes afirman que, en el caso de medir fuerzas partidarias, el padrón de militantes en cada caso, será totalmente reducido, salvando la excepción del partido oficialista que hace tiempo y en la actualidad mueve su registro de militantes.
En criterio de analistas políticos, el sentido de las primarias es "democratizar la elección de candidaturas" acudiendo a ejemplos de algunos países en los que se aplica el modelo, pero de forma abierta, es decir permitiendo con el tiempo suficiente que las fuerzas políticas muestren su organización interna, actualicen sus registros de militancia y abran la posibilidad de que todos los electores habilitados (sean o no del partido) estén en condiciones de elegir a los candidatos, para apoyarlos luego en el verdadero tráfago electoral.
Se remarca que, de no practicarse un sistema abierto, el 90% del electorado miraría de palco el proceso sin participar del mismo. La aclaración es pertinente pues según el OEP en su proyecto de la Ley de Organizaciones Políticas, las elecciones primarias se realizarían en la modalidad cerrada, es decir que sólo militantes registrados podrían elegir candidatos y ese es un factor restrictivo y perjudicial.
Para buena parte de la ciudadanía común, (la de a pie) esa que posiblemente tuvo filiación partidaria y ahora tendrá que actualizarla, pero antes de cumplir con ese proceso tratará de responder a sus propias dudas sobre la seriedad del proceso y la confianza que debe darle al ciudadano el Tribunal Electoral, pues si no hay tal posibilidad, la ausencia del electorado puede ser determinante en resultados que por supuesto favorecerán a un sector, pero liquidará derechos democráticos de la ciudadanía nacional.
El electorado está pendiente del cumplimiento de algunas normas pendientes que aclararán el panorama electoral y que están contempladas en leyes sectoriales, pero ante todo deben responder a la máxima instancia que es la Constitución, invariablemente en respeto a derechos y libertades, dignidad y justicia, de lo contrario se estaría atentando contra esos principios fundamentales que no deben ser alterados por intereses sectáreos.
El proceso electoral propiamente está en marcha, la ciudadanía espera que el Tribunal Electoral que garantizó el resultado de un referéndum y accedió a una auditoría del padrón electoral, actuará en consecuencia ajustando sus actos a lo que dispone la ley, pero fundamentalmente a lo que manda la Carta Magna. Es la garantía que la comunidad espera.