En una entrevista con EL DEBER, Berna aseguró que se trata de “un caso armado” en su contra por exautoridades del gobierno de Evo Morales, con el fin de frenar su ascenso en las organizaciones sociales del oficialismo. “Yo me considero una víctima”, sostuvo el dirigente. 

25 dólares por cada tonelada

La acusación fiscal, a la que accedió este medio, indica que Berna y una representante de la empresa chilena Asfalchile S.A. fueron aprehendidos en flagrancia cuando, presuntamente, ofrecían comisiones ilegales a cambio de contratos de provisión de asfalto. 

Según la Fiscalía, se ofrecía un soborno de 25 dólares por cada tonelada vinculada con esa transacción. No obstante, la compra fue valorada en 1.050 dólares por cada tonelada de asfalto. El beneficio, supuestamente, debía ser repartido entre, el entonces presidente de la ABC, Luis Sánchez Gómez y otras dos personas. Además, se mencionó durante las investigaciones que Berna solicitó un cargo en esa entidad estatal para una persona de su confianza.

La empresaria chilena Neptalí Murillo Chávez aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y ya cuenta con una sentencia ejecutoriada, según confirmó el propio Berna. Él, en cambio, nunca estuvo detenido en prisión, aunque cumplió detención domiciliaria con permisos laborales.

“No hay una sola prueba en mi contra. No van a poder demostrar nada, porque no hay daño económico al Estado”, afirmó el candidato del MAS. Asegura que fue convocado por la ABC el 13 de septiembre de 2010, en calidad de “control social”, para participar en la apertura de sobres de una licitación, y que allí fue detenido sin haber cometido delito alguno.

Proceso judicial

Desde la ABC se informó que se hará la gestión para brindar información oficial sobre el caso. En tanto, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz confirmó que ya se llevó a cabo la audiencia de apertura del juicio oral, pero no hay audiencias fijadas para esta semana. Sin embargo, se negó información detallada sobre el estado actual del proceso.

El fiscal que presentó la acusación en 2012 fue Juan Ángel Ponce. Según su informe, los hechos investigados ocurrieron entre el 10 y el 13 de septiembre de 2010. El proceso judicial recién se activó formalmente este año, sin que se expliquen las razones de la demora de 15 años.

Berna sostuvo que fue víctima de una “trampa” orquestada por autoridades de aquel entonces. Mencionó, entre los presuntos responsables, al exministro de Gobierno Sacha Llorenti; al expresidente de la ABC, Luis Sánchez Gómez, y a la exministra de Transparencia Nardi Suxo. Su hipótesis es que se buscaba evitar su elección como líder de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que debía realizarse al día siguiente de su aprehensión. “Todo fue montado para sacarme del camino político”, insistió.

Implicados 

EL DEBER buscó comunicarse con las personalidades mencionadas por el candidato, pero no tuvo éxito. Varios  se encuentran en fuera del país por motivos laborales, según se conoció al momento de buscar estas contrapartes. 

Entre las pruebas documentales ofrecidas por la Fiscalía se encuentran correos electrónicos entre la empresa chilena y la ABC, informes del Consejo de la Magistratura y registros de la requisa realizada el día de la detención. Entre los testigos figuran el expresidente de la ABC, un efectivo policial y la representante de Asfalchile.

Además del proceso por cohecho, el sistema judicial registra que Berna enfrenta tres causas más: una por violencia familiar y dos por asistencia familiar. El candidato afirmó que estas ya fueron sido cerradas por ausencia de sustento. 

Consultado sobre el impacto político del juicio, Berna reconoció que el proceso genera desgaste, aunque aseguró que no existe fundamento legal para inhabilitarlo como candidato, puesto que no hay sentencia ejecutoriada en su contra, ni transgresión que haya sido probada.