Los largos años de bonanza por ingreso de venta de materias primas (2006-2014) no han servido para mejorar la capacidad estatal. Si bien durante los años de superávit exportador se construyeron más establecimientos educativos, se ampliaron los servicios de salud y se desplegaron caminos carreteros, con igual fuerza han crecido en poder y tamaño los negocios y empresas que se llenaron los bolsillos al amparo de la ilegalidad.

Por ejemplo, si para el año 2006 el número de cooperativistas mineros era de 54.200 personas, 15 años después esta cifra había subido a 135.436 socios. Bajo el risible argumento que las cooperativas cumplen una “función social” se les donó maquinaria, establecimientos y parajes y se les regaló exenciones impositivas. Esto los ha convertido en una poderosa fuerza económica y política cuyo músculo se muestra en calles y caminos cada vez que el Estado intenta controlar sus daños al medio ambiente y la explotacion laboral. Cosa parecida pasa con el contrabando de autos viejos de Chile a Bolivia. En julio de 2014 la ministra de Hidrocarburos de entonces, Marlene Ardaya, anunciaba aplicar restricciones a la venta de gasolina a los autos indocumentados; una década después, no solo no se cumplió este anuncio, sino que las ferias de compra y venta de autos ilegales crecieron por doquier. Es más, una diputada del partido Movimiento al Socialismo (MAS) sostuvo que estos autos, conocidos popularmente como chutos, cumplían el propósito de servir a los campesinos en su trabajo. Así mismo, la producción de coca ha crecido en competitividad: si en la zona cocalera de los Yungas la hoja milenaria se cosecha hasta dos veces al año, en el Chapare se cosecha seis.

Los sucesivos gobiernos del Estado plurinacional han coqueteado con la ilegalidad y la delincuencia. Gran parte de la nueva elite a la que el MAS dio apoyo y cobijo creció merced a las amplias posibilidades que puede dar un Estado que pacta y entabla acuerdos con los que no cumplen las normas y leyes.

Esto tiene efectos gravísimos en la cultura cívica. En un contexto donde es más fácil labrar riqueza haciendo lo incorrecto que lo debido, la práctica de “hacerse al vivo” se ha institucionalizado. Para personas que ganan de su trabajo, ver cómo corruptos y corruptas encaramados en instituciones logran grandes ganancias termina siendo un desincentivo para ser honestos y emprendedores. La “viveza criolla”, al no ser sancionada ni punitiva ni socialmente, se convierte en una siniestra pauta de comportamiento que consiste en tener dinero y poder antes que honra y dignidad.

Esto genera una insatisfacción de la ciudadanía con la democracia. Con un Estado débil, con partidos políticos que son solo una sigla, y con instituciones tomadas por asalto por los vivillos de siempre, lo que queda de democracia en Bolivia es muy poco, quizá solo su disciplinada asistencia a las jornadas electorales. Por ello, si ir a las urnas fuera suficiente para cambiar administradores judiciales, hace rato que la justicia boliviana sería de las mejores; si definir en elecciones abiertas a un gobernante o autoridad de turno bastara para alcanzar ciudadanía y eficacia, hace rato que Bolivia sería una democracia plena. Los años de bonanza económica son también oportunidades para construir institucionalidad. Esa oportunidad la hemos perdido o, mejor, desperdiciado.

Sin un Estado fuerte no hay proyecto neoliberal, libertario, estatista o socialista que pueda tener éxito. Mientras el Estado esté a merced de grupos que operan en la ilegalidad, ningún proyecto económico o político será viable. Mientras el Estado negocie su estatalidad con elites de cuello blanco que velan por sus intereses, de nada valdrá estar al frente del gobierno. Hoy el desafío radica en construir un Estado fuerte; que después sea grande o pequeño es un detalle menor.