El objetivo fue hacer que Diego Moreno, pieza clave en las irregularidades detectadas, no dependa de la Secretaría de Finanzas y sea el primer Responsable del Proceso de Contratación (RPC), presuntamente, para direccionar las adquisiciones menores a los 70 millones de bolivianos, según fuentes del municipio.

Al respecto, el nuevo secretario administrativo financiero, César Romero, declaró que asumió el cargo en la primera etapa de José María Leyes, de junio de 2015 al 22 de enero de 2016, y recordó que fue destituido de “facto”, cuando viajó con permiso de tres días a Santa Cruz, porque el Alcalde se fue a España.

“Hubo una intervención directa de tres personas del entorno: S. C., C. L. y Diego Moreno”, dijo.

Se preguntó: “Por qué hicieron esto”. Explicó: “Cuando llegó este señor (por Moreno), yo era el secretario administrativo financiero y él llegó para ser el director de Contrataciones. Como el director de Contrataciones, como en cualquier organigrama de las alcaldías, depende del secretario administrativo financiero, pero sabían que no me iba a prestar a sus juegos sucios”. Recordó: “Extrañamente, modificaron el organigrama para que Contrataciones pase debajo de la Secretaría General de Ricardo Pol, y ahí empiezan a hacer todo lo que ya se hizo público”.

Sin embargo, como este cambio fue observado por la Contraloría General del Estado y Organización de Métodos, se comprometieron a que, a partir de enero de 2016, todo volvería a ser como antes. Tras la destitución de Romero, Diego Moreno asumió como secretario financiero.

Una vez que se conoció que Moreno es uno de los principales sospechosos en las contrataciones irregulares de los casos Mochilas I y II, además de estar involucrado también en la adquisición de las cámaras de seguridad para el proyecto “Cochabamba Ciudad Segura”, salió a la luz de que éste y otros funcionarios llegaron a Cochabamba por encargo de otras autoridades del interior, específicamente de La Paz y Santa Cruz, para ocupar cargos “clave”.

Junto con Moreno, quienes habrían llegado a la Alcaldía de Cercado por sugerencia de otras autoridades son. C. A. y su esposo, F. A., que trabaja en Semapa y F. E. C, que estaba en área administrativa.

Demócratas

Al respecto, el asambleísta por el partido de Demócratas, Eduardo Sarmiento, señaló desconocer el tema de que algunos funcionarios habrían llegado del interior por sugerencia de otras autoridades departamentales del interior.

Lo último que se sabe es que Diego Moreno salió del país en abril, luego de las denuncias del caso Mochilas.

LEYES HABLA POR FACEBOOK PARA NEGAR DENUNCIA Y SE DECLARA “PRESO POLÍTICO”

Después de cuatro meses, el alcalde suspendido, José María Leyes, habló vía Facebook para rechazar las acusaciones de presunto sobreprecio de las cámaras de Huawei y Hansa del proyecto “Ciudad Segura, Ciudad Digital” que lanzó el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, el viernes.

Leyes, quien desde abril tiene prohibido por una orden judicial hablar del proceso por sobreprecio de mochilas, expresó ayer: “Les hablo desde el encierro, desde la casa cuyos muros no puedo atravesar, desde el lugar donde me tienen aislado y donde mi palabra está embargada violando mis más mínimos derechos. Les habló para decir que no he dado la batalla final”.

Al definirse como un “prisionero político, pero nunca un prisionero del miedo” expresó que el MAS lo ataca “porque tiene miedo a perder el poder, miedo a dejar el Gobierno. En 2015 derrotamos al MAS y dijimos No (a la reelección) el 21F. Y lo hemos defendido con paros y bloqueos”.

Siguió: “A los cochabambinos no nos gustan aquéllos que quieren quedarse por siempre en el poder y no tenemos miedo de defender aquello en lo que creemos y está claro que si el MAS quiere ganar 2019 necesita controlar a Cochabamba”.

Añadió que el MAS busca distraer a la ciudadanía con estas denuncias, “sin pruebas”, para consolidar su proyecto totalitario.

Sobre la denuncia de un presunto sobreprecio de 29 millones en la adquisición de cámaras, Leyes dijo que el proyecto se aprobó en dos cumbres de seguridad y que fue elogiado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, como el más moderno del país, porque tiene una red de fibra óptica propia y se puede interconectar a patrullas y ambulancias.

Anunció que se defenderá de la nueva denuncia en el Ministerio Público y que le enviará al Viceministro una copia del proyecto de 300 páginas.