La Alcaldía de El Alto impugnó el certificado de solvencia fiscal que la Contraloría otorgó al economista Jaime Dunn, advirtiendo que no fueron notificados previamente y que aún no se ha comprobado el cumplimiento de obligaciones con el municipio, según su director jurídico, Isaac Mauricio.

En esta línea, desde la administración alteña se denuncia que la Contraloría habría procedido de forma directa, sin esperar una confirmación oficial del Gobierno municipal sobre el cumplimiento de pagos.

"Se emitió una resolución, cuando lo correcto era poner en conocimiento del municipio y, si no se apelaba, recién se ejecutoriaba", cuestionó el director jurídico. "Aunque Dunn hubiese cancelado, pues primero tiene que mostrar su conformidad el municipio con el pago", agregó.

"No se ha tramitado ninguna transferencia al municipio, el municipio todavía no ha recibido ningún pago", afirmó, subrayando que, además, "los juzgados no han notificado a la Alcaldía con las resoluciones, como debería(n)".

Mientras tanto, Dunn manifestó que su situación está regularizada y que no existe absolutamente ninguna razón para cuestionar el hecho de que el pago no esté vigente, esperando así una resolución favorable del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para viabilizar su candidatura.

Mauricio aclaró que, pese a no haber sido notificados formalmente, el municipio se dio por notificado al revisar los expedientes judiciales y es por ello que se determinó proceder con la impugnación", a la espera de ser resuelta por los juzgados correspondientes.

En este sentido, el abogado señaló que se está vulnerando el debido proceso y se actúa al margen de la normativa, resaltando que lo que se busca es resguardar los recursos que corresponden al municipio y que no hay constancia oficial del ingreso de recursos.

"Lo que la Dirección Legal va a hacer es velar (por) los recursos municipales hasta el último centavo, sean millones o centavos. Eso es una cuestión por responsabilidad", manifestó el abogado al señalar que espera la evaluación de estas presuntas irregularidades del procedimiento.