La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) investigó a un total de 23 personas, entre quienes están el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y cinco de sus familiares.

Leyes es procesado por la supuesta comisión de cinco delitos relacionados a la compra de mochilas escolares y suma nuevos indicios de irregularidades por presunta legitimación de ganancias ilícitas, de acuerdo con un informe de UIF entregado a la Fiscalía en días pasados.

Según la UIF, el delito de legitimación de ganancias ilícitas consiste en “dar apariencia de legalidad a recursos generados por actividades ilícitas”, en este caso, relacionadas a actos de corrupción. Busca “disfrazar” el origen y trayectoria de las ganancias ilícitas y se relaciona con el “lavado de activos o blanqueo de dinero”.

El fiscal departamental, Óscar Vera, informó ayer que este proceso se encuentra en etapa de investigación preliminar. Acotó que se trabaja en el caso de acuerdo con los plazos que otorga el procedimiento penal.

Hubo requerimientos fiscales el 25 de abril y el 14 de mayo de este año a la UIF para elaborar un informe de inteligencia financiera y patrimonial contra Leyes, sus familiares, gente de su entorno, servidores públicos y exfuncionarios de la Alcaldía. Se solicitó indagar en torno a patrimonios, bienes, recursos y cuentas bancarias.

Además, el 30 de abril llegó a la Presidencia del Estado una Petición de Informe Escrito (PEI) firmada por el entonces presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, con la solicitud de que el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural responda en un plazo de 15 días sobre la “información básica, información general, información legal, constitución y modificaciones, representantes legales, socios y kárdex e información financiera” de empresas relacionadas a la dotación de las mochilas escolares para el municipio: MSPC SRL, la importadora María René Ramírez, el importador Juan de Dios Morales, el cuñado del importador, la Asociación Accidental 26 de Febrero y dos más que se presentaron para proveer mochilas en años anteriores.

La solicitud inició con la senadora cruceña Adriana Salvatierra.

Para la investigación financiera, la lista fue encabezada por el Alcalde, pero también se incluyó a tres de sus hermanas, uno de sus cuñados y una de sus sobrinas.

Además, están una funcionaria de despacho y su esposo. Entre los exservidores públicos figuran el exsecretario de Gobernabilidad Sergio Coca y los exsecretarios José Miguel Padilla, Diego Moreno.

Se investigó al concejal Edgar Gainza, MSPC SRL, los importadores Juan de Dios Morales y María René Ramírez, MANE COMP, un cuñado del importador, el representante legal de la Asociación 26 de Febrero, Néstor García; y cinco funcionarios de la Municipalidad vinculados con el caso.

El informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial de la UIF concluyó que “se habría identificado operaciones sospechosas presuntamente vinculadas al delito de legitimación de ganancias ilícitas”. La Fiscalía Corporativa Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (FEPDC) advirtió también “la existencia de indicios” del delito.

Los indicios apuntan a Leyes, una de sus hermanas, las empresas MSPC SRL y MANE COMP, los importadores y los exsecretarios Padilla y Moreno.

Fuentes cercanas al proceso detallaron que se evidenciaron transacciones bancarias “en casi todo el sistema financiero” y se advirtió “movimientos transaccionales sospechosos”, entre ellos que la hermana del Alcalde y su hija hayan hecho depósitos de 61 mil bolivianos cada una el mismo día, 12 de julio de 2017, para pagar por la compra de una motocicleta en favor del cuñado de Leyes, cuando en realidad el vehículo sería para él.

Entre otros aspectos, se habría identificado pagos de la familia del Alcalde a una funcionaria de despacho “por la compra de juguetes”.

Informes

Una senadora cruceña pidió en abril informes sobre las empresas relacionadas con la dotación de las mochilas escolares.

Ven a Alcalde como candidato

El senador potosino y dirigente del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Edwin Rodríguez, afirmó que su partido no descarta que José María Leyes sea su candidato para 2019, según ERBOL.

Dijo que el Alcalde podría vencer a Evo Morales.

Leyes tiene detención domiciliaria. Diferentes denuncias pesan sobre él.

Rodríguez afirmó que Leyes es procesado porque el MAS le tiene “miedo”, al ser un político joven.

“Lo que están haciendo es tratar de acallar a un candidato joven que podría prácticamente ser el candidato que podría ganarle a Evo Morales, ese es el tema de fondo”.

Sostuvo que Leyes es inocente, pero víctima de un “complot”. Manifestó que puede ser candidato y que en Demócratas se verá si a la Presidencia o la Vicepresidencia.

“No tiene una sentencia ejecutoriada, no está descartado (que postule Leyes), porque está demostrado claramente que el MAS mintió, ofreció datos falsos y hoy por una falsedad está detenido”.

Apuntes

Cinco delitos

Los casos Mochilas I (por la adquisición en 2018) y Mochilas II (por la compra en 2017) fueron unidos. El proceso involucra a Leyes en la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Con indicios

Hay indicios de legitimación de ganancias ilícitas en:

* José María Leyes. Fue denunciado hace cinco meses. Guarda detención domiciliaria.

* La hermana del Alcalde. Fue mencionada por testigos del caso como quien “daba línea” en contrataciones.

* Los esposos Morales - Ramírez, importadores de los bolsos escolares. Tienen en la actualidad detención domiciliaria en Santa Cruz. Les implicaron porque supuestamente fueron favorecidos con información privilegiada para adjudicarse la entrega de las mochilas.

* El exsecretario José Miguel Padilla. Retornó de Estados Unidos y está detenido en su casa.

* El exsecretario Diego Moreno. Se desconoce su paradero. Salió de Bolivia el 24 de abril.

Excluidos del proceso de legitimación

De acuerdo con el informe de la UIF, se concluye que otra hermana del Alcalde, el concejal Edgar Gainza, el cuñado del importador, el representante legal de la Asociación 26 de Febrero, el exsecretario Sergio Coca y varios funcionarios realizaron operaciones que “no alcanzarían a revestir la calidad de sospechosos”.

El Código Penal

Según el artículo 185 bis del Código Penal, “quien a sabiendas convierta o transfiera bienes, recursos vinculados a delitos de corrupción, uso indebido de información privilegiada con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o colaborar con quien estuviere involucrado en estos delitos; o quien oculte o disimule la verdadera naturaleza de tales bienes o recursos que provienen de la comisión de los delitos citados; o quien adquiera, posea o utilice estos bienes a sabiendas, en el momento, de su recepción, que son producto de los delitos señalados, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años e inhabilitación para el ejercido de la función pública y/o cargos electos”.