Tras la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para inhabilitar la candidatura presidencial del economista Jaime Dunn, la asambleísta nacional por el departamento de Tarija, Luciana Campero, cuestionó que una decisión política haya sido disfrazada de procedimiento técnico, con el que a unos se les niega el derecho a postular mientras otros han sido habilitados sin reparo alguno.
A través de sus redes sociales, Campero se refirió a Dunn como algo verdaderamente nuevo en la política boliviana, “un candidato que no pensó ser candidato, como el resto”, razón por la que la burocracia se lo comió y muchos políticos, incluso de oposición, los festejaron.
“Las mañas del sistema están ahí, eso vuelve nuestro país una dictadura fría, porque el autoritarismo está ahí, no recurre necesariamente a la represión violenta o al uso abierto de la fuerza, pero si mantiene el control absoluto del poder mediante mecanismos más sutiles, estructurales y prolongados en el tiempo”, observó.
En criterio de la asambleísta de oposición, debe llamar seriamente la atención que mientras a unos se les niega el derecho a postular (como candidato), existen otros candidatos, de diferentes siglas, a diputados y senadores, que presentan observaciones similares e incluso idénticas, pero han sido habilitados “sin reparo alguno”.
Ante esta realidad, Campero aseguró que la inhabilitación de Dunn no se trata de un simple error administrativo, sino una “decisión política disfrazada de procedimiento técnico” por parte del ente electoral, mismo que ha demostrado, una vez más, responder a intereses ajenos a su deber constitucional de actuar con independencia e imparcialidad.
“La selección de a quién se aplica la norma y a quién se le ‘interpreta’, es la base de lo que podríamos llamar una dictadura fría electoral. No hay necesidad de cerrar medios, desaparecer personas o manipular urnas cuando el control institucional ya garantiza que solo participen quienes no incomodan al poder real. Se construye así una democracia de cartón, donde los opositores habilitados cumplen más el rol de legitimadores del proceso que el de verdaderos contrapesos”, indicó.
Para Campero, el caso de Dunn y el suyo no son aislados, sino el reflejo de un sistema en el que la oposición real es constantemente asfixiada, mientras la oposición funcional negocia, calla o finge pelear para después ser premiada con habilitaciones, espacios mediáticos y cierto margen de maniobra.
“Estos casos de inhabilitación deben encender alarmas. No porque se trate de una persona específica, sino porque simboliza cómo el sistema define, de manera silenciosa y eficaz, quién puede y quién no puede aspirar a gobernar Bolivia. Eso ya no es democracia, es control, es censura por otros medios”, concluyó.
El miércoles, bajo el argumento de que Jaime Dunn mantiene obligaciones fiscales pendientes con el municipio de El Alto y que no se logró acreditar solvencia en la información solicitada a la Contraloría, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral determinó inhabilitar la candidatura presidencial del analista financiero postulado por el partido Nueva Generación Patriótica (NGP).
El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, recordó que el Certificado de Solvencia Fiscal es uno de los requisitos principales para presentarse a elecciones como candidato; en ese sentido, la información obtenida por el TSE de la Contraloría, no acredita que el señor Dunn cuente con solvencia ante el fisco.
Ayer, Dunn anunció que presentará un recurso extraordinario de revisión contra la resolución del TSE, medida que consideró injusta, arbitraria y carente de sustento legal.