La justicia se encuentra inmersa en una crisis estructural que va más allá de los cambios gubernamentales y las reformas superficiales. El núcleo del problema reside en un sistema de selección de magistrados que ha sido capturado por intereses político-partidistas, transformando al Órgano Judicial en una extensión del poder político de turno. Esta situación no solo compromete la independencia judicial, sino que perpetúa un ciclo de dependencia donde jueces y magistrados deben su nombramiento no a sus méritos profesionales, sino a las conexiones políticas que les permitieron acceder al cargo.
El proceso de selección de autoridades judiciales es un reflejo de las profundas deficiencias del sistema actual. Las elecciones judiciales de 2024, que incluyeron la selección de magistrados para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, siguieron el mismo patrón problemático de años anteriores. Los postulantes se ven obligados a realizar peregrinaciones políticas, buscando el respaldo de parlamentarios que tienen la potestad de habilitar o inhabilitar candidaturas basándose en criterios que, en muchos casos, poco tienen que ver con la idoneidad profesional.
Este fenómeno de politización judicial no es exclusivo, “la politización y la corrupción son dos elementos que inciden mucho en la independencia de la Justicia” en América Latina. Sin embargo, el caso presenta características particulares que agravan la situación, la dependencia directa de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la preselección de candidatos. Esta injerencia convierte el proceso en un campo de batalla político, más que en una evaluación técnica.
El sistema actual ha dado origen a una lógica perversa, donde el mérito profesional queda subordinado a la capacidad de gestión política. Los postulantes deben invertir tiempo, recursos y energía en conseguir padrinazgos políticos, lo que crea compromisos posteriores y «deudas» invisibles. Esta dinámica transforma a los futuros magistrados en deudores políticos, incluso antes de asumir sus funciones, comprometiendo de manera estructural su tan anhelada independencia.
La consecuencia ineludible es que quienes logran acceder a los cargos judiciales llegan con una «factura política» que deben saldar con aquellos que facilitaron su candidatura. Esta deuda invisible, pero omnipresente, condiciona de manera decisiva las decisiones judiciales y perpetúa la subordinación del Órgano Judicial a los intereses políticos partidistas. La imparcialidad judicial se convierte en una aspiración teórica, un ideal inalcanzable, más que en una realidad práctica y palpable.
Uno de los aspectos más preocupantes del sistema actual es la discriminación política encubierta, que opera en el proceso de selección. Los postulantes que no pertenecen al partido político en función de gobierno enfrentan obstáculos sistemáticos que, aunque no se expresen de manera explícita, constituyen un verdadero veto político. Esta situación contraviene los principios básicos de pluralismo político y equidad que deben regir en cualquier democracia constitucional que se precie de serlo.
Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de las Naciones Unidas establecen que los jueces deben gozar de garantías para el ejercicio independiente de sus funciones, lo que incluye procesos de selección transparentes y basados en criterios técnicos y objetivos. El sistema actual se aleja de estos estándares internacionales, generando, en última instancia, una justicia subordinada a los vaivenes e intereses políticos de turno, y no a los principios del derecho.
El problema se agrava aún más con la creciente tendencia hacia la judicialización de la política, donde los conflictos políticos se dirimen en los tribunales, y la simultánea politización de la justicia, donde las decisiones judiciales responden a lógicas partidistas más que a criterios jurídicos.
Esta dinámica genera un círculo vicioso donde la política invade el espacio judicial y la justicia se transforma en un mero instrumento político. La falta de independencia judicial afecta de manera directa los derechos de los ciudadanos, quienes no pueden confiar en que sus casos serán resueltos con la imparcialidad que merecen. Esto es grave en situaciones que involucran al Estado o a actores políticos poderosos, donde la presión política puede influir en el resultado de los procesos judiciales, dejando a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad.
La solución demanda una reforma estructural que trascienda los meros cambios cosméticos en los procedimientos. Es imperativo repensar el sistema de selección de autoridades judiciales, estableciendo mecanismos que privilegien de forma innegociable el mérito profesional sobre las conexiones políticas. Esto implica, entre otras, la creación de órganos técnicos independientes para la evaluación de candidatos, la implementación de concursos públicos transparentes y la eliminación total de la discrecionalidad política en la habilitación de postulantes.