Dunn, quien en el pasado fue oficial mayor en la Alcaldía de El Alto, presentó una certificación de solvencia fiscal emitida por la Contraloría General del Estado, con la que intentaba demostrar que no tenía obligaciones pendientes con el Estado. Según su versión, las deudas fueron canceladas y los procesos coactivos fiscales que enfrentaba, cerrados.

Sin embargo, la Alcaldía alteña mantuvo su posición contraria, asegurando que aún existen saldos por cobrar vinculados a gestiones entre 2001 y 2002. Esta entidad incluso apeló la resolución judicial que había dado por concluidos los procesos fiscales en su contra.

La persistencia de estos cuestionamientos llevó al TSE a ratificar su decisión de impedir que Dunn continúe en la carrera electoral.