Hace ya cinco meses, cuando se iniciaba el mes de abril, la opinión pública cochabambina, primero, y nacional después, se sintió conmocionada al enterarse del escandaloso caso de las mochilas chinas compradas por la Alcaldía Municipal por un precio muy superior a su valor real.

Cinco meses han transcurrido desde entonces y los funcionarios involucrados, empezando por el alcalde José María Leyes han fracasado en sus intentos de desvirtuar las acusaciones que pesan en su contra.

Peor aún. El transcurso de los meses sólo ha servido para dar verosimilitud a las peores sospechas. A tal punto que el intercambio de mutuas acusaciones entre funcionarios jerárquicos de la Alcaldía cochabambina, tanto los antiguos como los actuales, ha hecho innecesario que las fuerzas masistas desgasten sus fuerzas en el afán de desacreditar a sus rivales y, por extensión, a todo el Movimiento Demócrata Social (MDS) a escala nacional.

Pese a la gravedad de la situación y el ya largo tiempo transcurrido, los niveles dirigenciales de los “Demócratas” siguen sin dar alguna muestra de seriedad. Todavía insisten en su vano afán de atribuir a “intereses políticos” las denuncias y las consiguientes acciones legales que pesan en su contra aunque las pugnas en sus propias filas dejan entrever con toda claridad la real naturaleza de sus problemas.

Para empeorar el panorama, durante los últimos días han tomado cuerpo nuevas denuncias. Esta vez se trata de una fórmula similar a la aplicada en el caso de las mochilas chinas sólo que a una escala mucho mayor, adquirir 400 cámaras domo y radios portátiles de la empresa Huawei Bolivia para la red de Ciudad Segura costó entre 20.000 y 22.000 bolivianos, sumando un  supuesto sobreprecio de 8 millones entre ambos ítems.

Dados los antecedentes del caso, entre los que se destacan los casos mochilas, hay suficientes motivos para temer que tras las nuevas denuncias hay algo más que el obvio interés político del MAS por dañar a sus adversarios. Hay, según todos los indicios, un mal manejo de los recursos ediles, lo que merece una severa investigación que se lleve a cabo por encima y a pesar de las inevitables pasiones políticas.

Es de esperar que así sea más aún si, como ocurre ahora, ya no es sólo de las filas masistas de donde provienen las denuncias. Es relevante, por ejemplo, el hecho de que la Secretaría de Finanzas de la Alcaldía Municipal haya informado que una auditoría interna detectó la posible existencia de una red de corrupción entre los funcionarios de la Alcaldía que llevaron adelante las contrataciones más cuestionadas de la gestión del alcalde suspendido José María Leyes.