La controversia gira en torno a la solvencia fiscal del exoficial mayor de la Alcaldía de El Alto, cuestionada por una serie de procesos coactivos fiscales que se remontan a los años 2001 y 2002. Aunque Dunn presentó una solvencia fiscal emitida por la Contraloría y asegura haber cancelado sus obligaciones, la Alcaldía alteña sostiene que aún existen deudas vigentes y ha apelado la resolución judicial que dio por extinguidos sus compromisos fiscales.

El delegado de NGP entregó el pasado 7 de julio al TSE un nuevo certificado de la Contraloría General del Estado que declara “sin registros en contra” al economista. El informe, emitido a las 12:38 de ese mismo día, asegura que Dunn no tiene procesos, acciones judiciales ni requerimientos de pago vigentes. Sin embargo, la Alcaldía de El Alto considera que ese documento se basa en información incompleta o errónea.

Además, el 4 de julio un informe de la Gerencia de registro de la Contraloría recomendó “no proceder al reprocesamiento” del certificado de información sobre solvencias con el fisco, que es el documento que finalmente Dunn obtuvo tras su inhabilitación del 2 de julio. Ese día, el TSE le dio cinco días al precandidato para regularizar su situación y ese plazo venció el lunes.

Impugnaciones cruzadas

Paola Barriga, abogada especializada en procesos coactivos y derechos humanos, criticó el tratamiento preferente que —según ella— ha recibido Dunn. “Él tuvo más de un mes y medio para aclarar su situación. No lo hizo. Pretende subsanar faltas graves a último momento, lo cual atenta contra la equidad del proceso electoral”, cuestionó.

Barriga también recordó que el artículo 234.4 de la Constitución establece con claridad que no puede postular a cargos públicos quien tenga pliegos de cargo ejecutoriados pendientes de cumplimiento. “Este requisito no es una formalidad; es un filtro para garantizar que quienes aspiran a gobernar el país tengan cuentas limpias con el Estado”, subrayó.

La Alcaldía alteña, por su parte, presentó un recurso de reposición en contra de la resolución que permitió a Dunn obtener la solvencia fiscal. Sobre la base de un informe técnico, argumenta que el fallo fue emitido sin que el municipio haya sido debidamente notificado y que aún existen al menos dos procesos impagos. Un informe interno reporta, además, que otros 17 casos están bajo impugnación o en trámite judicial.

El argumento de la defensa

Benjamín Guzmán, abogado de Dunn, sostiene que los pagos de los 17 procesos se realizaron entre el 9 y el 12 de junio, antes de que se emitiera el certificado observado. “Presentamos pruebas nuevas, emergentes, posteriores a la resolución del TSE. La burocracia impidió que se actualizara a tiempo la información”, explicó.

En su recurso de revisión extraordinaria, NGP invoca también jurisprudencia constitucional y del sistema interamericano de derechos humanos. Citando el caso de Manfred Reyes Villa y la sentencia de la Corte IDH sobre Leopoldo López, argumenta que una inhabilitación basada en actos administrativos —y no en una condena penal— vulnera el derecho a ser elegido.

De acuerdo con el calendario electoral, el plazo para inscripciones de candidatos venció el 18 de mayo, incluso concluyó el término para el reemplazo de candidatos inhabilitados o de renuncias. 

División en el TSE

Según fuentes cercanas al Órgano Electoral, el debate entre los vocales del TSE continúa sin consenso. Mientras algunos consideran que el nuevo certificado de la Contraloría basta para revertir la inhabilitación, otros consideran que persiste la duda razonable sobre la legalidad de la habilitación de Dunn.

La Sala Plena tiene un plazo máximo de 15 días para emitir una nueva resolución, pero la presión política y los plazos electorales podrían acelerar el fallo. El 12 de julio se entregará el padrón electoral oficial y el 18 comenzará la difusión de propaganda, con lo que las candidaturas deben estar completamente firmes.

Según conoció este medio, este caso puede generar recursos legales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TSE)

Cronología del caso

- 19 de mayo: NGP inscribió inicialmente a Fidel Tapia como candidato presidencial.

- 25 de junio: Tapia renunció y se oficializó la postulación de Jaime Dunn.

- 2 de julio: El TSE inhabilitó a Dunn por no presentar una solvencia fiscal válida.

- 7 de julio: Dunn presentó la impugnación dentro del plazo, con nueva documentación.

- 8 de julio: El TSE inició el debate sobre su posible habilitación.

Mientras tanto, Jaime Dunn insiste en que ha cumplido con la ley y que su candidatura representa una alternativa real frente a los partidos tradicionales. “Estamos donde muchos no quieren que lleguemos: cerca de la presidencia”, afirmó, mientras sus opositores aseguran que no se puede jugar con las reglas del sistema democrático a conveniencia.