El candidato a la presidencia por la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, presentó este martes su "primer decreto" denominado "Se acabó la fiesta", orientado a generar un ahorro de más de 2.400 millones de bolivianos en diferentes partidas. Incluye cerrar el periódico Ahora el Pueblo, reducir publicidad, y promete una ley de medios estatales.

Seguro de llegar al gobierno, Doria Medina dijo que con estas medidas se pretende mostrar que el plan de 100 días es un compromiso "serio, realizable y que no se va a suspender ni olvidar. En las primeras 100 horas de gobierno mandaré un mensaje muy claro a los funcionarios públicos y al país".

La propuesta normativa lograría un ahorro de 2.483 millones bolivianos cortando gastos estatales que -según describió- son como

"los privilegios de una élite burocrática, que son una pesada piedra colgada del cuello de la economía, capaz de hundirla en la

hiperinflación".

Reduce en proporciones que van del 40 al 60% las partidas del presupuesto de publicidad, redes sociales, pasajes y viáticos,

consultorías por producto, consultores en línea, mobiliario, imprenta y papelería, uso del parque automotor a gasolina o diésel,

refrigerios, compra de equipos de comunicación, prendas de vestir y textiles, alquiler de inmuebles y de otras partidas del

presupuesto.

La medida que implementarían de manera inmediata sería el cierre definitivo del periódico Ahora el Pueblo, "por ser un instrumento

de desinformación y de culto a la personalidad presidencial". Prevé que "el personal no jerárquico de este periódico pasa a disposición del Viceministerio de Comunicación para desempeñar funciones positivas para la sociedad".

Se suspenderán las "transmisiones de Bolivia Tv (canal 7) y las radios estatales por 60 días, para que en este tiempo se discuta y se apruebe una ley para crear un Sistema Público de Medios de Comunicación Estatales que no dependa de los gobiernos de turno".

En cuanto a los gastos que el decreto elimina en 100% están los de ceremonias, fiestas y celebraciones sociales por aniversarios,

festividades y celebraciones políticas financiadas con recursos del Estado (quedan exentas las ceremonias militares y la celebración del 6 de Agosto), con lo que se ahorraría 82 millones de bolivianos por año.

También suspende el pago de primas y bonos a los funcionarios de las empresas más importantes del Estado, y el pago de gastos de representación a sus directivos.

"El mensaje es claro. Se acabó la fiesta. Tendremos un Estado a la medida de una economía en proceso de curación, los gastos

corresponderán con sus ingresos", señaló Doria Medina al presentar el decreto.