«La Contraloría actuó de manera directa, sin esperar la confirmación del municipio sobre el pago de las obligaciones», denunció Mauricio. Según el funcionario, el procedimiento correcto exigía que la Alcaldía fuera informada para verificar la cancelación de deudas y, en caso de no haber observaciones, proceder con la certificación. «No se ha tramitado ninguna transferencia al municipio. No hay registro de que se haya efectuado el pago», recalcó.

Por su parte, Jaime Dunn defendió su posición, asegurando que su situación fiscal está totalmente regularizada y que no existen motivos para cuestionar la validez del certificado. El economista confía en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitirá una resolución favorable que permita viabilizar su candidatura.

Sin embargo, Mauricio insistió en que el municipio se enteró del caso al revisar expedientes judiciales, ya que los juzgados no notificaron oficialmente a la comuna, como establece la normativa. «Lo que se está vulnerando es el debido proceso. La Dirección Legal velará por los recursos municipales hasta el último centavo», afirmó el abogado, enfatizando que la impugnación busca garantizar el cumplimiento de la ley.

El caso ahora queda en manos de los juzgados competentes, que deberán determinar si hubo irregularidades en el procedimiento de la Contraloría y si el certificado de Dunn cumple con todos los requisitos legales. Mientras tanto, la Alcaldía alteña mantiene su postura de exigir transparencia y respeto a los plazos formales en este tipo de trámites.