Para contrarrestar esta situación, según los especialistas, se requiere el ajuste de al menos tres leyes. Sin embargo, consideran que este no es el momento adecuado, ya que el país se encuentra en pleno periodo preelectoral. Este medio intentó comunicarse con el vocal Tahuichi Tahuichi para hablar sobre el tema, pero no obtuvo respuesta. 

“Son unas elecciones atípicas,  donde uno de los elementos, (entre) varios elementos, pero uno de ellos es la hiperjudicialización. Los bolivianos han desatado una serie de demandas contra el Gobierno, contra el Tribunal Supremo Electoral, o contra las elecciones, que han tratado de obstaculizar su realización”, declaró a Visión 360 el analista político Carlos Cordero.

Dunia Sandoval, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró que la intervención del TCP se vio desde la sentencia 0084/2017, mediante la cual se concluía que la reelección “es un derecho humano” y con ello, Evo Morales logró habilitarse para las elecciones de 2019.

“Con el antecedente de que con fallos del TCP se puede intervenir en decisiones electorales, por ejemplo, la interpretación de noviembre de 2017 de que la reelección era un derecho humano. En 2018 se habilitó a Evo Morales como candidato a pesar de que había un resultado de referendo. En 2023 y 2024, esos fallos incluso de salas constitucionales interfirieron en la realización de las elecciones judiciales. Esa es una vulnerabilidad del Órgano Electoral, frente al TCP. Ahora hay compromisos del Órgano Judicial para garantizar las elecciones. Todos los bolivianos esperamos que se cumplan”, señaló  Sandoval a Visión 360.

Consultada sobre el mismo tema, Nataly Vargas, exvocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, observó una “banalización” del principio de preclusión, precisamente por parte ,no solo del Órgano Judicial, sino del Ejecutivo, el Legislativo y el mismo Órgano Electoral.

“Una de las vulnerabilidades más graves que hemos tenido en este proceso electoral es, precisamente, la banalización del principio de preclusión de un proceso electoral; esto no solamente viene atacado desde el Tribunal Constitucional, como hemos venido viendo, ni desde el Órgano Ejecutivo y Legislativo, sino que también viene desde el propio Órgano Electoral”, dijo la exvocal.

Deficiencias

El manejo de los dos últimos procesos electorales por parte del TSE fue duramente cuestionado, precisamente debido a la participación del Órgano Judicial. La solución, según los especialistas, pasa en parte por la revisión y modificación de las leyes vigentes en la  actual coyuntura, aunque no consideran oportuno hacerlo en un momento preelectoral.

Sandoval sostuvo que las tres leyes responden a una coyuntura electoral distinta en el país, pero que podrían ser reformadas en otro momento de mayor estabilidad, y no en el actual escenario preelectoral.

“Las leyes 018 y 026 son de 2010 y corresponden a otra realidad electoral, la incorporación legal de la transmisión de actas para que el propio TSE dé resultados electorales me parece acertada. Sin embargo,  el momento preelectoral no es el tiempo  de proponer cambios, sino en un momento de estabilidad y no preelectoral”, complementó.

Carlos Cordero recordó que las leyes 018, 026 y 1096 son las reglas bajo las cuales se convocó al proceso eleccionario venidero y que no se pueden “cambiar las reglas a mitad del juego”; no obstante, consideró que una buena opción sería la modificación de las mismas pasadas las elecciones.

“Son las reglas con las cuales han sido convocadas estas elecciones. Y lo que tendríamos que hacer es, primero, blindar el proceso electoral con la normativa vigente. No puedes cambiar, por ejemplo, las reglas del juego a mitad del juego, pero sí, lo que hay que hacer es comprometerse a que, una vez terminado el proceso electoral, todos, los partidos políticos, el nuevo gobierno, entremos en un proceso de evaluación y pongamos soluciones a lo que creemos que está mal en la normativa electoral”, concluyó.

En cambio, para la exvocal Vargas, los problemas no pasan por la normativa vigente, sino por su reglamentación. Actualmente, el Órgano Electoral cuenta con la Ley 018, con la 026 del Régimen Electoral; y con la 1096 de Organizaciones Políticas.

“No hay problemas con la Ley 018, la Ley 026 y la Ley 1096 en su conjunto; lo que hay, donde sí tenemos problemas, es con la reglamentación de estas leyes porque como van cambiando de un proceso electoral a otro y generan inseguridad jurídica, y cada vez se hacen más restrictivas o cada vez se hacen en empeoramiento de los derechos de los candidatos”, dijo  la exautoridad del TED de Tarija.

A inicios de mayo, el TSE revocó la personería jurídica del Partido Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) y del Frente Para la Victoria (FPV), porque ninguno de los frentes logró el 3% mínimo para conservar la sigla. El FPV logró el 1,55%, mientras que Pan-Bol terminó con el 0,98% de preferencia electoral. En 2014, el Movimiento Sin Miedo (MSM), de Juan del Granado, perdió su personería el mismo año en el que participó en los comicios, tras no alcanzar el 3% mínimo establecido.

El TSE amplió las fechas tope para la actualización de estatutos orgánicos y renovación de directivas en seis oportunidades el 2024. Partidos, como el MAS, el mismo FPV y Pan-Bol contaban con amonestaciones por estas causas y una tercera les habría valido la cancelación de la personería. Ello no ocurrió debido a las numerosas ampliaciones de plazos para la renovación de directivas de los partidos.

Candidaturas clave, al margen del proceso electoral

Las candidaturas de Jaime Dunn, a la Presidencia por Nueva Generación Patriótica (NGP) y de Luciana Campero, diputada de Comunidad Ciudadana (CC), a primera senadora por Tarija por la alianza Libre, quedaron al margen de este proceso eleccionario, según la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

En el caso de Campero, la Sala Plena del TSE ratificó su inhabilitación debido a que no renunció a su cargo como diputada suplente por Tarija. 

“Y en esto el presidente del TSE ha respondido muy equivocadamente, muy gravemente, diciendo que si esto sea debido a un error del Órgano Electoral, ellos iban a revisar, iban a modificar e iban a reintroducir a esta candidata dentro del sistema, es decir, él mismo ha indicado que el principio de preclusión no valía para nada”, expresó la ex vocal Vargas.

En el caso de Jaime Dunn, el secretario de Cámara del Órgano Electoral, Luis Fernando Arteaga, sostuvo que el presidenciable por la NGP no logró probar su solvencia fiscal. El analista financiero gozó de un plazo de cinco días para impugnar la determinación. En la Sala Plena del TSE, cuatro vocales votaron a favor y hubo una disidencia; los otros dos vocales se encontraban de vacaciones.

“La resolución que emite el TSE se ha basado estrictamente en la información que ha remitido la Contraloría, que establece que no es posible verificar la solvencia del ciudadano Jaime Guillermo Dunn de Ávila ante el fisco, debido a que el certificado de información no acredita su solvencia”, aseguró Arteaga la tarde del miércoles pasado.

Para la ex vocal Nataly Vargas, “se ha roto el reglamento en relación a este candidato en específico, porque no hubo una decisión en su momento”. “Hasta hoy no tenemos una papeleta que muestre qué candidatos están yendo a la Presidencia en nuestro país y eso es realmente preocupante a estas alturas del proceso electoral”, remarcó.

Otra de las candidaturas  que se despidió de  la carrera electoral de este 2025  es la de Antonio Saravia, quien renunció a su carrera por la silla a la Vicepresidencia por Libertad y Progreso-ADN.

Momentos clave de injerencia del TCP en actividades del Órgano Electoral

• El TCP emite la sentencia 084/2017 Con este fallo, el entonces presidente Evo Morales logró repostular a un cuarto término presidencial para las elecciones del 2019. El TCP argumentó que la reelección “es un derecho humano”.
• La paralización de las elecciones judiciales Estas elecciones debieron llevarse adelante en 2023; sin embargo, fueron rezagadas por más de un año debido a que una sala constitucional en La Paz determinó paralizar la convocatoria ese año.
• Lluvia de amparos y acciones judiciales Desde abril de 2024, 30 acciones judiciales intentaron nuevamente paralizar las elecciones judiciales. Finalmente, estas se llevaron adelante, pero de forma parcial en cinco regiones.
• Nuevas sentencias judiciales En octubre del año pasado, el TCP se pronunció sobre la reelección indefinida como un derecho humano y sobre el otorgamiento de la sigla del MAS a una nueva dirigencia afín al presidente Luis Arce.
• Encuentros en el TSE para “blindar” comicios Hasta la fecha, se llevaron adelante al menos cuatro encuentros de esta índole, en los que el ente electoral pide respetar la realización de los comicios y financiamiento para garantizarlos, aquí y en el exterior.

Puntos de vista

Carlos Cordero, analista: “Estas son unas elecciones muy atípicas”

Estas elecciones son unas elecciones atípicas, donde uno de los elementos, varios elementos, pero uno de ellos es la hiperjudicialización. Los bolivianos han desatado una serie de demandas contra el Gobierno, contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), o contra las elecciones, que han tratado de, pues, obstaculizar su realización. 

Para eso lo han hecho, desacreditando candidatos, pidiendo la renuncia del Presidente. Si renuncia el Presidente, hay que tener un nuevo presidente, y no sabemos si el nuevo presidente podrá llevar adelante las elecciones generales.

Pero todo esto ya ha sido superado. Esa fue la mayor vulnerabilidad: el hecho de que el sistema judicial, el sistema político y el proceso electoral tuvieron que lidiar con la hiperjudicialización. En el fondo, esto refleja una falta de credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones.

Sin embargo, cada día que nos acercamos a la realización de las elecciones generales, ese temor, esa incertidumbre, está desapareciendo. 

En la actualidad, a poco más de 40 y tantos días de la realización de las elecciones generales, yo creo que el país ya está entrando en cauce. Pronto tendremos ya la autorización para conocer las campañas a través de los medios de comunicación.

Una de las cosas que sí hay que meditar en una reflexión; por ejemplo, es el número de inscritos o la población por circunscripción electoral.  Existe una inquietud razonable entre la ciudadanía respecto a una marcada asimetría en el valor del voto entre las zonas urbanas y rurales. 

El voto en las zonas rurales tiene, de hecho, un peso doble en comparación con el de las zonas urbanas. Además, se requiere una adecuada pedagogía cívica para desmitificar ciertas percepciones y promover una comprensión más equitativa del sistema electoral.

Nataly Vargas, exvocal del TED Tarija: “Hay una banalización en la preclusión”

Que el Órgano Electoral indique que sus plazos, sus procedimientos no valen nada y que pueden ser revisados por ellos mismos en cualquier momento y corregir esos errores que ellos pudieran haber hecho, es realmente alarmante. Esto se debe precisamente a esta banalización del principio de preclusión que ellos mismos han indicado en muchas ocasiones que se tenía que respetar por activa y por pasiva; incluso han querido forzar a la Asamblea Legislativa a que se haga una ley para legislar lo que ya está en la ley, es decir, el cumplimiento del principio de preclusión.

Esto se debe a una incapacidad del Órgano Electoral de crear seguridad jurídica a través de sus actos, y esto quizá tenga que ver por incompetencia propia de sus funcionarios. Esto viene también siendo muy grave; esta incompetencia, esta banalización, esta falta de seriedad es muy grave dentro del OEP y dentro de los vocales del OEP porque no debemos olvidar que ellos tienen la capacidad reglamentaria; es decir, ellos reglamentan lo que está en la ley, en la normativa electoral.

Por lo tanto, el sistema electoral necesita ser reformado en relación a la selección de quienes van a estar dentro del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales, porque dado que ellos tienen esta capacidad reglamentaria que es fundamental para llevar a cabo los procesos electorales y no lo están haciendo bien porque están politizados, porque no tienen la capacidad técnica y porque no han mostrado un manejo transparente de los procesos electorales. 

Por lo tanto, lo que tiene que cambiar principalmente es el proceso de selección de quienes van a ser los vocales del TSE y vocales de los TED para garantizar que estos pudieran tener la capacidad de reglamentar y llevar adelante el proceso electoral, y eso generó una continua fragilidad en los procesos electorales.