La presidenta de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, informó este martes que decidió aceptar la medida cautelar presentada por el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, y, en consecuencia, dispuso que la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, se mantenga en su cargo hasta analizar el caso de fondo.

Este caso se hizo conocido debido a la denuncia de una red de autoridades judiciales que presuntamente indujeron al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, a emitir un fallo para destituir a la magistrada Coaquira y que asuma su suplente.

El TSJ calificó el hecho como un “golpe” al Órgano Judicial y el TCP suspendió los efectos del fallo de Lea Plaza.

La acción de cumplimiento contra Coaquira argumentaba que la magistrada había presentado una declaración jurada de haber ejercido docencia, pero la universidad mencionada negó que la misma haya enseñado en esa institución. El recurso señalaba que, como ese requisito no había sido difundido, los ciudadanos habían votado desinformados.

Días atrás, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que ya son ochos los procesados dentro de este caso.

“Son ocho personas que están siendo sindicadas e investigadas dentro de la presente causa. Cinco ya con imputación formal, tres con detención preventiva, dos con medidas sustitutivas. Dos se encuentran con órdenes de aprehensión que en las próximas horas se ejecutarán”, explicó Torrez en contacto con los medios.

Los tres investigados que cumplen detención preventiva son el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza (seis meses); el exministro de Justicia César Siles (cinco meses); y la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Claudia Castro (cuatro meses), los tres permanecen internados en centros médicos bajo custodia.

Otros tres imputados -el magistrado suplente Iván Campero, el expresidente del TDJ La Paz Yván Córdova y el abogado José Ramiro Uriarte- fueron beneficiados con detención domiciliaria, una medida que fue apelada por el Ministerio Público.

Caso consorcio

La investigación del caso surgió a raíz de la decisión del juez de Coroico Marcelo Lea Plaza , quien, tras una acción de cumplimiento, trató de destituir a la magistrada del TSJ por La Paz, Fanny Coaquira Rodríguez, y en su lugar habilitar como magistrado a Iván Ramiro Campero Villalba, quien no logró los votos suficientes en las elecciones judiciales para ser magistrado electo titular.

El Presidente del TSJ, Romer Saucedo, en ese sentido, detalló el accionar del presunto consorcio para dar el “golpe” al Órgano Judicial.

Relató que en enero, el exministro César Siles impuso que Yván Córdova sea el Presidente del Tribunal Departamental (TED) de Justicia de La Paz. “Asumiendo la presidencia, empieza a gestarse un juego de intere”es para poder asumir el ex vocal y decano Iván Campero, quien es magistrado suplente de la doctora Coaquira”, relató.

En ese sentido, el Presidente del TSJ señaló que Córdova delegó a Claudia Castro como vocal de la Sala Penal y fue ella la encargada de coordinar la acción de cumplimiento con la que el juez Lea Plaza destituiría a la magistrada Coaquira, acción por la que fue aprehendido y detenido preventivamente.

“Todo esto protegido por el exministro (Siles). A título personal planifica este ataque al Órgano Judicial”, relató Saucedo.

Incluso, señaló que se están ejecutando accionares similares en busca de destituir a magistrados y tribunos del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental y así “dar un golpe a la democracia y la institucionalidad”.

En conferencia de prensa, el Presidente del TSJ recalcó que el accionar de Siles fue a “título personal” y no así del Gobierno boliviano.