“Esto será una protección no solo para el propietario, también será una protección para toda la población y una forma de traer orden a Bolivia, eliminando el mercado negro, la extorsión, la corrupción”, dijo Del Castillo en un video difundido en el marco de su campaña electoral.

“Por eso proponemos algo justo y posible: La legalización de tu auto chuto. Es pagando una suma módica al alcance del pueblo ¿Y qué pedimos a cambio? Que ese vehículo se transforme en híbrido, que le pongamos un Kit Verde, para que también funcione con electricidad. Un paso hacia el futuro”, agregó.

La transformación de un vehículo de motor de combustión a uno de motor eléctrico, que ayuda a la reducción de emisiones y consumo de combustible, implica un procedimiento que debe ser desarrollado por especialistas, que deben instalar baterías, conversores, cargadores y otros componentes para garantizar el normal funcionamiento del mismo.

Según información de la Cámara Automotriz de Bolivia, más de un millón de vehículos indocumentados, también conocidos como “autos chutos”, circulan en el país después de haber sido internados de manera ilegal principalmente desde Chile y son comercializados principalmente en ferias clandestinas que funcionan en localidades rurales.

Las campañas de nacionalización de vehículos, que fueron blanco de muchas y muy duras críticas en el pasado, han sido descartadas oficialmente por el gobierno boliviano, pese a diversas iniciativas y requerimientos para volver a ejecutarlas.

A principios de esta semana (30.06.23) la Aduana Nacional de Bolivia salió al paso de una publicación de un medio de comunicación chileno que advirtió sobre la inminencia de una posible campaña de nacionalización de “autos chutos” y dejó sentado que no tiene previsto ejecutar una medida similar en el futuro.

Del Castillo explicó que su propuesta no pretende “castigar a quien luchó por tener su auto”, sino más bien pretende darle una oportunidad a quienes adquirieron un vehículo indocumentado “de avanzar y circular tranquilo” en el país. 
“Es un beneficio, al propietario, al municipio, al Estado, al medio ambiente, pero para todas las familias bolivianas”, dijo.